Un anciano que estaba internado en un geriátrico falleció el fin de semana pasado.
Las circunstancias fueron las habituales, no había sospechas de que se tratara de un fallecimiento violento sino producto de su estado de salud.
La fiscal Gabriela Macaya inició una investigación porque ni el médico de guardia del hospital ni el médico policial quisieron certificar su muerte, trámite que impedía la realización del acta de defunción para ser entregada a los familiares.
Desde el hogar de ancianos llamaron a la ambulancia porque el hombre tenía pulsaciones bajas, fue trasladado hasta el hospital donde se determinó que ya había fallecido.
Pero ninguno de los dos profesionales quiso hacer el certificado de defunción con el argumento de que le correspondía al otro.
“Se trata de dos funcionarios públicos, tanto el médico del hospital como el policial, por eso inicié una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público“, dijo la fiscal. Ahora la investigación determinará si alguien fue responsable.
