Dos días después de ocurrido el hecho que provocó conmoción en la comunidad educativa del Cpem N° 6 donde un alumno terminó con una herida de bala en el brazo, un grupo de familas se autoconvocó y entregó un petitorio.
La solicitud fue firmada y entregada al director Juan Carlos Brizuela, que lo recibió.
El director explicó a este medio que “entre los pedidos está el de un servicio de vigilancia” que formaba parte de una solicitud que ya se había hecho con anterioridad hasta el momento no hubo respuestas. Y un espacio “frío” que implica el lugar donde se requieren los datos a las personas que quieran ingresar al edificio escolar.
Brizuela señaló a Cutral Co al Instante que la escuela tiene una matrícula de 823 estudiantes, repartidos en turnos mañana y tarde. Especificó que las clases retornarán una vez que estén dadas todas las condiciones.
De la reunión de ayer con funcionarios del CPE, Brizuela señaló que se escuchó a los docentes para ver “cómo se sentían respecto de la situación porque es entendible que tengan el temor o miedo que puedan sentir”.
“N o es algo que se va a resolver o que se va a tomar una determinación de un día para otro, va a requerir de mucho de mucho trabajo y estas decisiones se tomarán no necesariamente implican que las tomemos nosotros”, concluyó.
Hay otros organismos que están vinculados en el hecho también, como la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Por otra parte, Priscila una de las madres que se convocó hoy dijo que “pedimos seguridad y tranquilidad para que nuestros hijos vengan a la escuela”. Informó que el petitorio no solo fue entregado a la dirección de la escuela, sino que se iba a dejar en la defensoría de los derechos de la Niñez y Adolescencia y en el CPE.
“Necesitamos respuestas, no solamente propuestas, sino respuestas concretas de soluciones y que se lleven a cabo”, agregó y explicó que hasta ahora no fueron convocados desde el establecimiento.
Además del vigilador, proponen que tal vez se incluya un “detector de metales para para poder también simplificar el trabajo del mismo vigilador, porque entendemos que revisar a cada uno de los chicos siendo tantos no va a ser una solución eficaz”. “También son bienvenidas otras soluciones, propuestas que quieran traer otros padres para que podamos implementarlo”, sostuvo.
La mamá mencionó que la intención es tratar de moverse y alcanzar una solución para que las y los estudiantes concurran a clases porque este tipo de situaciones también afectó la asistencia. “Mi hija me propuso que pongamos en una de las pancartas: queremos estudiar sin miedo de no volver a casa”, concluyó.
Qué dice el petitorio:
“Nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación por la situación vivida por los estudiantes de esa institución educativa, quienes fueron testigos directos de un hecho de extrema gravedad ocurrido dentro del establecimiento, en el cual un estudiante efectuó un disparo con un arma de fuego contra otro compañero, provocándole una herida de bala en uno de sus brazos”.
“Se trata de un acontecimiento de alto impacto emocional y social que ha afectado no solo a la víctima directa y a su familia, sino también al conjunto de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. La exposición a una situación de estas características puede generar consecuencias psicológicas, emocionales y pedagógicas que requieren una intervención inmediata, planificada y sostenida por parte de la institución y de los organismos competentes”.
“La Ley de Educación Nacional N.º 26.206 establece que el Estado debe garantizar una educación desarrollada en un ámbito de respeto, seguridad y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo condiciones que favorezcan el bienestar integral de los estudiantes y la construcción de una convivencia democrática”.
“Asimismo, la Ley N.º 26.061 y Ley Provincial N.º 2302 – Ley Integral de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la integridad física, psíquica y emocional, al desarrollo integral, a ser protegidos contra toda forma de violencia y a recibir asistencia cuando sus derechos resulten amenazados o vulnerados. Dicho marco normativo impone a las instituciones educativas y a los organismos del Estado el deber de adoptar medidas de protección oportunas y eficaces frente a situaciones que comprometan estos derechos”.
“En este contexto, entendemos que los derechos que se han visto comprometidos comprenden, entre otros:
• El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
• El derecho a la educación en un ambiente seguro y libre de violencia.
• El derecho a la protección integral frente a situaciones de riesgo.
• El derecho a la salud, incluyendo la atención y el acompañamiento psicológico cuando las circunstancias así lo requieran.
• El derecho a desarrollar las trayectorias educativas en un entorno que garantice el bienestar y la seguridad.
Resulta imprescindible considerar que los estudiantes presentes durante el hecho pueden haber experimentado una situación potencialmente traumática, cuyas consecuencias podrían manifestarse mediante miedo, ansiedad, dificultades de aprendizaje, alteraciones en la convivencia escolar, ausentismo u otras afecciones emocionales si no se implementan estrategias adecuadas de contención y acompañamiento.
Por ello, solicitamos respetuosamente que se arbitren, con carácter prioritario, las medidas institucionales y las gestiones necesarias ante los organismos competentes para garantizar:
• El acompañamiento psicológico y socioemocional de los estudiantes, docentes y familias que hayan resultado afectados.
• La implementación de dispositivos institucionales de escucha, contención y seguimiento.
• La elaboración de un plan de intervención que contemple acciones de prevención, reparación y fortalecimiento de la convivencia escolar.
• La articulación con los equipos técnicos, organismos de protección de derechos y autoridades educativas competentes.
• La adopción de todas las medidas necesarias para garantizar que el establecimiento continúe siendo un espacio seguro para el desarrollo del proceso educativo.
La ausencia de respuestas institucionales integrales frente a hechos de esta magnitud podría profundizar las consecuencias emocionales y pedagógicas sobre los estudiantes, afectar el ejercicio efectivo de su derecho a la educación y comprometer el deber de protección que las normas nacionales y provinciales imponen a las instituciones educativas y al Estado.
“Confiamos en que esa dirección adoptará las medidas pertinentes con la celeridad que la gravedad del caso exige, priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y el pleno respeto de sus derechos fundamentales”.
