En Zapala, más de cincuenta familias de las secciones 062, 063 y 040 volvieron a poner bajo la lupa un expediente que arrastra más de tres años de demoras, promesas parciales y definiciones pendientes: la mensura de los lotes que les fueron adjudicados por el propio municipio, paso previo e indispensable para avanzar hacia la escrituración definitiva de sus viviendas.
El reclamo, que ya fue presentado en distintas instancias administrativas, políticas y legislativas, reaparece ahora con un elemento nuevo en el tablero: la incorporación del agrimensor Yamil Leonhardt como responsable del proceso. Se trata, según coinciden los vecinos, de un movimiento que al menos reactiva el circuito técnico del expediente, aunque sin despejar las principales incógnitas que motivan el conflicto.
“Es un paso, pero no hay definiciones”, sintetizan los adjudicatarios, que insisten en que todavía no existen plazos, costos individualizados ni notificaciones formales que permitan prever cómo y cuándo se ejecutarán las mensuras.
La situación no es nueva. Durante 2025, desde el área municipal de Tierras y Planificación se informó oficialmente que las mensuras no se realizarían por falta de presupuesto, una respuesta que profundizó el malestar vecinal y abrió una discusión sobre las responsabilidades administrativas establecidas en la normativa vigente de tierras fiscales.
Según los propios vecinos, la obligación de ejecutar las mensuras corresponde al municipio, de acuerdo al artículo 40 del régimen aplicable. A su vez, remarcan que la mayoría de los adjudicatarios ya habría cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 12 de la ordenanza local, lo que en su interpretación debería habilitar el avance del proceso sin mayores demoras.
Sin embargo, el expediente se mantuvo en un punto de suspensión práctica: reuniones, actas, presentaciones formales y derivaciones institucionales sin resolución concreta.
El último episodio se produjo en una reunión mantenida el 19 de mayo, en la que participaron más de 60 vecinos y el agrimensor Yamil Leonhardt. Allí, según relataron los presentes, se reiteró que el vínculo técnico del profesional es con el municipio y que cualquier definición sobre costos y modalidades de pago debía ser canalizada por la administración local.
En ese encuentro también se insistió con una condición que sumó tensión: la exigencia de “cumplimiento fiscal” como requisito previo, es decir, no registrar deudas municipales en tasas retributivas, cementerio o patentes. Para los vecinos, ese criterio —aunque formalmente vigente— no debería operar como un obstáculo que demore la ejecución del proceso principal.
La incorporación de Yamil Leonhardt aparece ahora como un intento de ordenar el esquema técnico del expediente. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron cronogramas oficiales, ni se estableció un esquema de costos, ni se notificó a cada adjudicatario cómo se instrumentará la etapa operativa.
En ese contexto, la incertidumbre persiste. Los vecinos aseguran que no buscan confrontación, sino previsibilidad administrativa. “El problema no es técnico, es la falta de información clara y sostenida”, resumen.
Mientras tanto, en Zapala, el expediente de las mensuras sigue abierto. Y lo que para la administración aparece como un proceso en curso, para las familias continúa siendo una promesa que, por ahora, no termina de convertirse en decisión.
