Durante un mes, la versión oficial fue simple. El conscripto Omar Carrasco había desertado. Eso dijeron y lo sostuvieron. Eso repitieron ante su familia, ante la prensa y ante el país. Pero era mentira.
Hoy, 6 de abril, se cumplen 32 años del hallazgo de su cuerpo dentro del predio del Grupo de Artillería de Montaña 161, en Zapala. Estaba a apenas 700 metros de un sector que ya había sido rastrillado sin resultados. El cadáver no solo desmentía la deserción: exponía algo más profundo, más incómodo, más peligroso.
El cuerpo que no debía aparecer
Carrasco tenía 20 años y había llegado desde Cutral Co tres días antes de desaparecer. Su destino: cumplir con el servicio militar obligatorio.
Cuando lo encontraron, el cuerpo hablaba: torso desnudo. Un pantalón que no era de su talle. Un reloj roto. Y signos evidentes de violencia. Demasiado evidentes como para sostener la primera explicación que ensayaron desde el cuartel: hipotermia.
Los peritos forenses desmontaron esa versión en pocas horas. Tenía costillas fracturadas, un pulmón perforado y el ojo izquierdo destruido. No había muerto por el frío. Había sido golpeado hasta morir. O hasta casi morir.
La agonía oculta
Los informes posteriores agregarían un dato todavía más perturbador: Carrasco no murió en el momento de la golpiza. Sobrevivió, entre 48 y 60 horas. Durante ese tiempo, permaneció dentro del cuartel: no como paciente, no como soldado, sino como un problema.
Fue atendido de manera precaria en el hospital militar, bajo una identidad falsa. Sin diagnóstico adecuado. Sin tratamiento eficaz. Sin registro real, los documentos que debían explicar qué pasó, en cambio, empezaron a revelar otra cosa: un sistema.
Recetas adulteradas. Historias clínicas apócrifas. Una paciente inexistente —“María Gómez”— utilizada como pantalla. Medicación registrada a nombre de terceros. Y un consumo inusual de insumos químicos que no encontró justificación médica. Cada papel sumaba una capa más de encubrimiento.
El castigo
La reconstrucción judicial permitió identificar el origen de la violencia. Un “baile”. Así se lo llamaba en la jerga interna. Una práctica extendida, tolerada y, en muchos casos, promovida como método de disciplinamiento.
Carrasco no resistió.
El subteniente Ignacio Canevaro ordenó el castigo. Los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez ejecutaron parte de la agresión. Los golpes —con puños y con elementos contundentes— provocaron un hemotórax masivo y un deterioro físico irreversible. Fueron los últimos en verlo con vida.
La mentira institucional
Mientras el cuerpo permanecía oculto, la maquinaria institucional se puso en marcha, se instaló la hipótesis de la deserción. Se descartó la violencia y se negó lo evidente.
Cuando el cadáver apareció, el discurso mutó, pero no se desmoronó de inmediato. Hubo intentos de sostener la versión del accidente. Del clima, pero no funcionó. La evidencia científica, la presión social y la persistencia de la familia rompieron ese cerco.
Las condenas y los límites de la justicia
En 1996, la Justicia avanzó. Canevaro fue condenado a 15 años de prisión. Salazar y Suárez, a 10. El sargento Carlos Sánchez, a 3 por encubrimiento. Las sentencias fueron confirmadas en instancias superiores.
Pero el capítulo del encubrimiento institucional tuvo otro destino: la prescripción. En 2005, los altos mandos involucrados evitaron el juicio oral. El sistema que había permitido —y luego ocultado— la muerte no llegó a ser juzgado en su totalidad.
El efecto político
Para entonces, el impacto ya había trascendido los tribunales. La muerte de Carrasco había generado una crisis de legitimidad en torno al servicio militar obligatorio. Las denuncias sobre abusos dejaron de ser aisladas. Pasaron a ser estructurales.
En agosto de 1994, el presidente Carlos Menem firmó el decreto 1537. La conscripción obligatoria quedó eliminada. Se cerraba así un sistema vigente desde 1901, instaurado durante la gestión de Pablo Riccheri.
Lo que persiste, 32 años después
El caso Carrasco no fue solo un crimen. Fue una bisagra.
A 32 años del hallazgo de su cuerpo, sigue funcionando como recordatorio de los límites que el Estado no puede volver a cruzar. De lo que ocurre cuando la violencia se naturaliza. Y de cómo, incluso frente al encubrimiento, la verdad puede abrirse paso. Aunque llegue tarde.
