Carlos Figueroa, excandidato a diputado por la Libertad Avanza y referente del partido a nivel local, denunció que fue víctima de un error de las fuerzas federales nacionales que allanaron su casa.
Esta situación, que se hace pública porque se trata de una figura, desnuda claramente el peligro de sostener el uso de la fuerza pública para resolver los problemas de la sociedad.
El allanamiento en la casa del excandidato fue ordenado por las autoridades federales, que son los únicos pueden ordenar acciones a la Gendarmería, Policía Federal y Aeronáutica. Es decir que Figueroa fue allanada por las fuerzas del propio gobierno que representa. En este caso nada tiene que ver la fiscalía a cargo de Gastón Liotard ni la policía provincial, porque no son federales.
En su descargo asegura que apoya la lucha contra el narcotráfico pero que pide respeto por los derechos civiles. Y ese es el debate de fondo, el que no quiere dar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sistemáticamente apoya a efectivos acusados de gatillo fácil y que impulsa la mano dura sin considerar procedimientos.
La fuerza pública estatal es violenta, cuando se realiza un allanamiento no se pide permiso, no se dan explicaciones, porque se combate con personas del ámbito delictivo que están armadas, que no respetan leyes, que son peligrosas.
En muchas ocasiones, es la población la que pide más celeridad, que se tomen acciones sin esperar el proceso de investigación. Pero ¿qué pasa cuando en el procedimiento hay un error? Cuando las fuerzas policiales ingresan violentamente sin haber realizado una investigación previa efectiva y consistente, sin tener el claro quiénes son los actores, ocurre lo que ocurrió el viernes, pagan justos por pecadores.
En defensa de quienes son personas de bien, las fuerzas federales y las provinciales también, deben respetar las leyes a la hora de hacer procedimientos. Porque vivimos en un país democrático con un sistema republicano, aunque parece que a muchos eso se le olvidó.
