Este domingo por la mañana, un operativo policial ejecutó una orden de desalojo contra integrantes de comunidades mapuches que desde el martes ocupaban el ingreso a la Casa de Gobierno de Neuquén, en la intersección de las calles Roca y Rioja. El procedimiento, autorizado por la Justicia provincial a pedido del Ejecutivo, dejó como saldo al menos 22 personas detenidas, entre ellas mujeres y niños, que permanecen alojadas en la Comisaría Segunda.
El conflicto se originó por la demora en la entrega de personerías jurídicas a cuatro comunidades —Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas— que reclaman su reconocimiento formal por parte del Estado provincial. Según pudo confirmar este medio, el Ministerio de Gobierno se había comprometido en septiembre de 2023, mediante un acta firmada por el entonces ministro Jorge Tobares, a gestionar dichos trámites en un plazo razonable. Diez meses después, ese compromiso no se habría concretado.
La protesta comenzó el martes 16 de julio, cuando representantes de las comunidades instalaron un acampe frente al edificio gubernamental. El sábado, el Gobierno provincial anunció que iniciaría acciones penales contra los manifestantes por “alterar la paz social” y “bloquear accesos a una oficina pública”. Al día siguiente, se ejecutó la orden judicial de desalojo, según confirmaron fuentes oficiales.
La Confederación Mapuche de Neuquén compartió la orden judicial y apuntó directamente contra el gobernador Rolando Figueroa, a quien acusan de incumplir compromisos previos y de recurrir a “la represión como mecanismo de respuesta institucional”. “Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo, lo hará entender a los palos”, expresaron mediante un comunicado difundido en redes sociales.
Según la legislación vigente —incluyendo la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y tratados internacionales con jerarquía constitucional—, el Estado debe reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, garantizar su personería jurídica y asegurar su derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, sin ese reconocimiento formal, las comunidades no pueden acceder a mecanismos legales clave, como los relevamientos territoriales ni la participación en decisiones sobre proyectos extractivos en sus territorios.
En ese marco, las comunidades afectadas se encuentran ubicadas en zonas de alta sensibilidad geopolítica, como Vaca Muerta, lo que agrega un componente económico al conflicto.
Desde el gobierno provincial señalaron que los expedientes no avanzaron por “falta de cumplimiento de requisitos administrativos” por parte de las comunidades. Sin embargo, no se brindaron precisiones sobre qué documentación estaría faltando ni si hubo notificaciones oficiales al respecto.
La Confederación Mapuche ratificó que mantendrá su reclamo por vías institucionales y mediante la movilización social. “No pedimos privilegios. Exigimos el cumplimiento de la ley”, cerraron en su último comunicado.
