En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la República Argentina logró un acuerdo con el fondo demandante Burford Capital para suspender de manera preliminar la ejecución del fallo que la obliga a transferir el 51% de las acciones de la petrolera al Banco de Nueva York. La medida permite evitar un posible desacato por parte del Estado argentino, mientras se espera la resolución de fondo del caso en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
El acuerdo fue presentado ante la Cámara por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell, que representa a la Argentina, y confirma que Burford no se opone a una suspensión administrativa temporal de la orden judicial dictada por la jueza Loretta Preska en 2023. Dicha sentencia condenó al país a pagar 16.100 millones de dólares por la estatización de YPF, realizada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La suspensión temporal es clave para el Estado nacional, que solicitó formalmente una medida que impida la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación sobre la validez de la sentencia. La defensa argentina espera que la Cámara acceda también a una suspensión definitiva, es decir, que se mantenga vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, lo que podría demorar hasta 2026.
Por su parte, Burford Capital aceptó la suspensión preliminar, pero anticipó que pedirá a la Cámara que establezca plazos concretos para tratar la apelación argentina sin dilaciones. El fondo británico adquirió los derechos litigiosos de las firmas Petersen Energía y Eton Park, antiguos accionistas de YPF, y sostiene que la Argentina incumplió el estatuto de la empresa al no realizar una oferta pública de adquisición cuando decidió la expropiación.
Según el cronograma judicial, el próximo jueves 17 de julio Burford presentará su oposición a la suspensión definitiva, mientras que el martes 22 de julio la Argentina responderá con argumentos a favor de que la orden de Preska quede sin efecto hasta que la Cámara decida sobre el fondo del litigio.
Hasta el momento, el tribunal de apelaciones no fijó audiencia ni plazos formales para resolver la apelación general. La continuidad de este juicio mantiene en vilo a las autoridades nacionales, en un contexto financiero sensible y con múltiples causas abiertas en el exterior.
