En la provincia de Neuquén, donde la promesa energética de Vaca Muerta se entrelaza con la vulnerabilidad sísmica del subsuelo, un grupo de científicos decidió actuar ante la inacción oficial. El Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) presentó este año una propuesta de ley para prevenir los sismos provocados por la fractura hidráulica. La norma, de carácter independiente, busca llenar un vacío legal que, según denuncian, expone a la población a un riesgo real y creciente.
La iniciativa no es menor. Entre 2018 y 2025, se registraron en la Cuenca Neuquina más de 500 sismos atribuidos a la actividad del fracking, algunos de ellos de magnitud significativa. Uno en particular, ocurrido el 7 de marzo de 2019 cerca de Sauzal Bonito, alcanzó los 5 grados de magnitud, cifra que, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), equipara la energía liberada por la primera prueba nuclear subacuática en Bikini, en 1946.
Con estos antecedentes, el OSI desarrolló una propuesta normativa de 19 artículos que establece, entre otras cosas, la obligación de realizar evaluaciones de riesgo sísmico antes de cada operación de fractura hidráulica, la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real, y la creación de un “Protocolo de Semáforo Sísmico” que impone distintas respuestas operativas según la magnitud de los movimientos detectados.
“No estamos frente a hipótesis. Estamos frente a una realidad documentada, medible y que ya afectó a comunidades enteras”, explican desde el OSI, un organismo sin fines de lucro que desde 2019 monitorea el impacto sísmico del fracking en la Patagonia.
La propuesta, que puede consultarse públicamente en sismicidadinducida.ar, también impone un radio de exclusión de 15 kilómetros alrededor de zonas sensibles —poblaciones, embalses, escuelas, rutas, gasoductos— y obliga a que toda la información generada por las empresas sea de acceso público.
Uno de los puntos más críticos del proyecto es la creación de una Comisión Provincial para la Prevención de la Sismicidad Inducida, dependiente de la Secretaría de Ambiente, que actuaría como autoridad de aplicación. Esta comisión estaría integrada por representantes del Estado, universidades nacionales, organismos científicos como el CONICET y el INPRES, y también por representantes de la ciudadanía no vinculados al sector industrial.
Desde OSI insisten en que su rol no es el de un órgano técnico regulador ni buscan obstaculizar la actividad hidrocarburífera, sino aportar insumos para que el desarrollo energético se produzca “con base científica, participación ciudadana y sin daños evitables”.
No es la primera vez que Neuquén se enfrenta a la tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad. Lo que diferencia este caso es el tipo de impacto: invisible, acumulativo, y, según los expertos, potencialmente devastador. “La profundidad del problema —explica el documento de fundamentos— no está en el subsuelo, sino en la ausencia de regulación”.
La paradoja es evidente: mientras el país apuesta su futuro energético al fracking, una zona sísmicamente sensible como la Cuenca Neuquina se transforma en el epicentro de una actividad que, sin controles adecuados, podría convertirse en su mayor amenaza.
Hasta el momento, ninguna autoridad provincial ni nacional ha respondido públicamente al documento. En un contexto donde las decisiones técnicas suelen estar subordinadas a urgencias políticas o compromisos con el sector privado, la ley propuesta por el OSI busca abrir un debate que aún no se ha dado.
Como en otras latitudes —el Reino Unido, por ejemplo, impuso restricciones al fracking tras detectar sismos en 2011—, el desafío no es menor: asumir que la energía también tiene costos sísmicos, y que regularlos no es una opción, sino una responsabilidad.
