Neuquén Capital. Luciana Muñoz salió de la casa de su abuela a las dos de la madrugada del 13 de julio de 2024. Caminó por las calles de Gran Neuquén Norte, uno de los barrios más postergados de la capital provincial. Iba a encontrarse con un amigo. No llevaba celular: estaba roto. A las 7:00, según consta en el expediente judicial, se retiró del domicilio de Isaías Catalán. Treinta y cinco minutos después fue vista por última vez cruzando una calle. Desde entonces, silencio.
Un año después, la causa judicial que investiga su desaparición se encuentra en un limbo. No hay imputados activos, no hay hipótesis firmes, no hay campañas públicas ni operativos de búsqueda en marcha. Tampoco hay respuestas del Gobierno provincial ni de la cartera de Desarrollo Humano. Lo que sí hay es una madre que busca, una familia que exige, y una serie de omisiones institucionales que reflejan una constante en Neuquén: el abandono estatal cuando las desaparecidas son jóvenes, pobres y del margen.
Un expediente que no avanza
La denuncia formal se presentó más de 30 horas después de su desaparición. No por desinterés, sino por desconocimiento. Nadie les explicó a los familiares de Luciana dónde acudir ni cómo proceder. A partir de ese punto, se sucedieron errores. Según fuentes judiciales, la investigación comenzó sin equipos técnicos, sin protocolos de búsqueda, sin una fiscalía especializada que tomara control inmediato del caso.
Durante los primeros meses, la investigación giró en torno a Maximiliano Áviles, ex pareja de Luciana. Fue detenido por falso testimonio. En su casa se encontraron rastros de sangre, aunque no se realizaron peritajes concluyentes. Fue liberado poco después. Hoy cumple prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica. La fiscalía no logró establecer una línea de tiempo clara sobre sus movimientos ni reconstruir en detalle las últimas horas de Luciana.
En el expediente figuran pedidos de la familia para allanar determinados domicilios. Durante meses, esas solicitudes fueron ignoradas. “Recién ahora acceden a hacer los allanamientos que venimos pidiendo hace casi un año. Si lo hubieran hecho antes, quizás Luciana estaría con vida”, dijo Cintia Aguerre, su madre, en conferencia de prensa el viernes por la mañana.
Gobierno y Justicia: una ausencia coordinada
A lo largo de este año, la familia pidió una audiencia con el gobernador Rolando Figueroa. La respuesta fue el silencio. También esperaban una intervención de la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza. Tampoco llegó. La única acción concreta del Poder Ejecutivo fue el anuncio, en noviembre, de una recompensa de 100 millones de pesos para quien aportara información útil sobre el paradero de Luciana.
Sin embargo, esa recompensa nunca fue acompañada de una campaña oficial, ni de afiches en la vía pública, ni de difusión en medios. Un anuncio sin ejecución. “Fue una medida más para las estadísticas que para encontrar a Luciana”, apunta una fuente que colabora con la familia.
El reclamo por su aparición se mantiene gracias al impulso de su entorno cercano, de organizaciones feministas y de derechos humanos. El pasado viernes, realizaron una actividad de señalización en la esquina de 1º de Enero y Rodhe, último punto en el que fue registrada con vida. La consigna fue clara: “A Luciana no se la tragó la tierra. A Luciana la desaparecieron”.
A 365 días de su desaparición, Luciana Muñoz no figura en ninguna política activa de búsqueda. Su foto no aparece en oficinas públicas ni en campañas oficiales. No hay nuevas pruebas, ni nuevos testimonios, ni una línea de investigación definida. Hay una causa dormida en los tribunales de Neuquén, una familia quebrada y un Estado que eligió mirar hacia otro lado.
