La campaña ciudadana Salvemos el Mari Menuco presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén ante la falta de respuesta a un pedido formal de acceso a la información pública ambiental, realizado el pasado 15 de mayo. La solicitud se ampara en el derecho constitucional y en normas provinciales, nacionales e internacionales, como la Ley 3044 y el Acuerdo de Escazú.
La iniciativa surge a raíz del Decreto 276/25 firmado por el gobernador Rolando Figueroa, que autorizó a la empresa YPF a desarrollar extracción de petróleo no convencional en las inmediaciones de los lagos Mari Menuco y Los Barreales, fuentes clave de agua para las provincias de Río Negro y Neuquén.
Desde la organización denuncian que la decisión gubernamental se tomó sin realizar estudios de impacto ambiental, sin consulta previa al Lof Kaxipayiñ —tal como exige la Ley 3401 y el Convenio 169 de la OIT— y sin obtener licencia social. Además, advierten que los pozos proyectados incluyen fracturas hidráulicas bajo los embalses, zonas que se superponen con infraestructura crítica como represas, redes de riego y acuíferos.
“En un contexto de más de una década de fracking sin políticas de control ni remediación, y con más de 500 sismos inducidos, incidentes como derrames y contaminación de basureros, la decisión de avanzar sobre cuerpos de agua clave eleva exponencialmente los riesgos”, advirtieron desde la campaña.
El pedido de acceso a la información incluye detalles sobre ubicación y orientación de pozos, estudios de impacto ambiental, gestión de residuos, planes de contingencia y población potencialmente afectada. Al no obtener respuesta ni al pedido ni al pronto despacho, los impulsores decidieron recurrir a la Justicia.
Finalmente, desde Salvemos el Mari Menuco expresaron su preocupación por el “silencio institucional”, que calificaron como una forma de violencia y ocultamiento deliberado de información de interés público. También solicitaron al Ministerio Público Fiscal, encabezado por el Dr. José Gerez, que analice posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
