En un país donde una mujer es asesinada cada 27 horas por el solo hecho de serlo, el gobierno de Javier Milei plantea eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Lo hace con el argumento de que “todos los homicidios deben valer lo mismo” y que la ley debe ser ciega al género. Pero este planteo, que apela a una supuesta “igualdad ante la ley”, no solo desconoce la realidad de la violencia de género en Argentina, sino que también pone en peligro las herramientas que permiten dimensionar y combatir esta problemática.
La incorporación del femicidio en el Código Penal en 2012 no fue un capricho. Fue el resultado de años de lucha del movimiento feminista y de los organismos de derechos humanos, que lograron que el Estado reconociera que los asesinatos de mujeres no eran simples homicidios, sino la expresión más brutal de una estructura de poder desigual. Si la desigualdad se materializa en violencia letal, el derecho debe reconocer esa especificidad para combatirla. Negarlo no es garantizar igualdad; es perpetuar la injusticia.
Las cifras son elocuentes: en 2024 hubo 255 femicidios en Argentina. Más del 70% fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. En lo que va de 2025, se han registrado 52 femicidios, un crimen cada 27 horas. Y, a pesar de que el 19% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, la respuesta del Estado fue insuficiente. La violencia de género no es un problema del pasado ni una “moda ideológica”. Es una emergencia que sigue cobrando vidas.
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, justificó la iniciativa bajo la idea de que el Estado no debe hacer “discriminación positiva”. Sin embargo, llamar “discriminación” a un intento de corregir una desigualdad histórica es desconocer el problema de fondo. No se trata de privilegiar a las mujeres, sino de reconocer que la violencia de género no es un crimen como cualquier otro. Un femicidio no es un homicidio al azar: responde a patrones culturales, a relaciones de poder desiguales y a una impunidad sistémica que durante décadas permitió que estos crímenes quedaran invisibilizados.
La propuesta de eliminar el femicidio no es solo un retroceso legal. Es un mensaje político. En un contexto donde los discursos de odio han ganado espacio, donde los crímenes de odio contra mujeres y diversidades sexuales han aumentado y donde incluso integrantes de las fuerzas de seguridad están involucrados en femicidios, esta iniciativa refuerza la idea de que la violencia de género es un “exceso” de las feministas y no una realidad tangible. Es una forma de deslegitimar a los movimientos de mujeres y diversidades que han logrado avances concretos en los últimos años.
La igualdad real no se construye con neutralidad ciega, sino con el reconocimiento de las desigualdades estructurales que persisten. Eliminar el femicidio del Código Penal es borrar la posibilidad de entender, analizar y prevenir la violencia de género. Es condenar a futuras víctimas a la invisibilidad y a la falta de justicia.
Si el Estado decide ignorar esta realidad, la sociedad no puede hacer lo mismo. Este 8 de marzo, la lucha no es solo por los derechos conquistados, sino por evitar que nos los arrebaten. Porque la violencia machista no es una estadística: es una herida abierta en nuestra democracia que no puede ser negada con decretos ni discursos. Y porque, a pesar de quienes quieren retroceder, se seguirá gritando: Ni una menos.
