Una grave denuncia por violencia escolar involucra al CPEM 6 de Cutral Co. Una adolescente de 13 años fue agredida por un grupo de estudiantes dentro del predio de la institución y su familia cuestiona no solamente la violencia sufrida, sino también el procedimiento que habría seguido la escuela después del episodio.
El hecho ocurrió el jueves pasado y, según el relato de la madre de la víctima, participaron cinco alumnas de segundo año. La adolescente, que cursa primer año, terminó con golpes en distintas partes del cuerpo, los anteojos rotos y un importante impacto emocional.
La madre contó a este medio que recibió un llamado de la escuela alrededor de las 18 para informarle que su hija había protagonizado una pelea con otra estudiante. Cuando llegó al establecimiento, encontró a la niña llorando, con lesiones visibles en el rostro.
“Estaba mi hija llorando, con los anteojos rotos y dos o tres moretones en la cara”, relató.
Según su testimonio, desde la institución le comunicaron que se había tratado de una pelea entre dos alumnas y que, como la adolescente no manifestaba dolor de cabeza, no consideraron necesario trasladarla a un centro de salud. Le confeccionaron un acta y la enviaron a su domicilio.
Sin embargo, la reconstrucción posterior que hizo la familia habría revelado que no se trató de un enfrentamiento entre dos estudiantes, sino de una agresión grupal.
De acuerdo con lo que la adolescente le contó a su madre, cinco alumnas habrían intervenido en el episodio. Dos sujetaron a una compañera, mientras otra comenzó a insultar. Cuando la joven de 13 años pidió que la dejaran, la situación derivó en una agresión física: una de las estudiantes la habría tirado al piso y golpeado, mientras otras dos también le propinaban patadas.
La madre agregó que durante el recreo su hija ya había recibido amenazas de dos alumnas, quienes le anticiparon que la esperarían a la salida. También aseguró que no existían conflictos anteriores ni vínculos previos entre su hija y las estudiantes señaladas, ya que no las conoce.
Ocho hematomas y un video de la agresión
La familia cuenta con un video breve que habría sido registrado por otro estudiante y enviado posteriormente a la madre. Según explicó, las imágenes muestran parte de la agresión, con golpes dirigidos principalmente hacia la cabeza y el rostro de la adolescente.
Al día siguiente del episodio, la mujer llevó a su hija al pediatra. De acuerdo con su testimonio, el profesional constató ocho hematomas en distintas partes del cuerpo y elaboró un informe médico que quedará a disposición de la Fiscalía si es solicitado.
Un aspecto especialmente relevante es que la adolescente tiene diagnóstico de síndrome de Asperger, actualmente comprendido dentro del trastorno del espectro autista (TEA). Su madre considera que esta condición requiere un abordaje cuidadoso y medidas de acompañamiento específicas frente a una situación de violencia de estas características.
La mujer cuestionó que la escuela no hubiera dispuesto una evaluación médica inmediata y sostuvo que el pediatra le manifestó que correspondía derivarla a una guardia.
El silencio institucional y los reclamos de la familia
Más allá de la agresión denunciada, uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la respuesta institucional posterior.
Hasta el momento, no se conoció ningún comunicado oficial de la dirección del CPEM 6 ni del Consejo Provincial de Educación que informe qué intervención se realizó, qué medidas se adoptaron o cómo se garantizará la seguridad de la adolescente y del resto de los estudiantes.
Según contó la madre, el único contacto posterior que recibió desde la escuela fue un mensaje de una integrante del equipo de psicopedagogía para solicitarle una fotografía de los anteojos rotos y el presupuesto de reparación, con el objetivo de gestionar una eventual cobertura del seguro escolar.
La familia reclama explicaciones. Quiere saber cómo pudo desarrollarse una agresión grupal dentro del perímetro escolar, qué mecanismos de supervisión funcionaron y qué protocolos se aplicaron cuando las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido.
La madre anticipó que solicitará una reunión con el director, el equipo de psicopedagogía y el personal de la institución. También concurrirá a Supervisión Escolar y a la Defensoría para pedir medidas concretas.
Entre sus principales planteos está la posibilidad de que su hija continúe temporalmente con actividades virtuales, hasta que existan garantías para regresar a clases sin temor a sufrir nuevas agresiones.
Además, indicó que buscará asesoramiento legal para evaluar acciones judiciales y solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela.
«No quiero que vuelva en el estado en que está. Necesito saber qué medidas van a tomar y qué van a hacer, porque ningún chico tiene derecho a pasar por lo que pasó mi hija», expresó.
La Red CEA repudió la violencia y reclamó protocolos
En medio de la preocupación generada por el caso, la Red CEA de Familias de Plaza Huincul y Cutral Co difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la adolescente y su mamá, y manifestó su repudio a la violencia y al bullying en las escuelas.
La organización puso el foco en la necesidad de construir espacios educativos respetuosos de la diversidad y de garantizar la convivencia con quienes tienen otras formas de ser, estar y habitar la sociedad.
En su pronunciamiento, la Red CEA señaló dos cuestiones centrales: la correcta aplicación de los protocolos por parte de las instituciones educativas y la responsabilidad de las familias de conversar con sus hijos e hijas sobre los valores, el respeto y la importancia de reconocer que toda vida humana es valiosa.
“Cuidar es proteger. La escuela debe ser un lugar seguro para todos”, expresaron desde la organización.
El pronunciamiento adquiere especial relevancia por tratarse de una adolescente con autismo, y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las instituciones educativas no solamente promuevan la inclusión en sus discursos, sino que cuenten con herramientas concretas para prevenir situaciones de hostigamiento, intervenir ante las agresiones y proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
La pregunta que permanece abierta es qué hizo la institución antes, durante y después de la agresión. No alcanza con confeccionar un acta o gestionar la reparación de unos anteojos si una estudiante denuncia haber sido atacada por un grupo de compañeras dentro de la escuela.
La comunidad educativa necesita respuestas, pero, fundamentalmente, garantías de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
