La causa judicial por estafas contra la obra social del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa fue cerrada luego de que las partes alcanzaran un acuerdo conciliatorio extrajudicial, que incluyó la devolución total del dinero facturado de manera irregular por parte de los médicos investigados.
La resolución fue adoptada por el Ministerio Público Fiscal, que aplicó un criterio de oportunidad al considerar que el conflicto fue reparado integralmente, por lo que se dispuso el archivo de las actuaciones y la restitución de los elementos secuestrados durante la investigación.
El origen de la causa
La investigación se inició en febrero de 2025 a partir de una denuncia presentada por la comisión directiva del sindicato, tras detectar graves irregularidades en una auditoría interna realizada sobre prestaciones médicas brindadas entre enero y junio de 2024.
Según se indicó, se habrían facturado 13 cirugías que nunca fueron realizadas, todas correspondientes a hijos e hijas de afiliados a la obra social OS.PE.PRI. El perjuicio económico estimado superó los 200 millones de pesos.
La auditoría reveló la inexistencia de consultas prequirúrgicas, internaciones previas o posteriores a las supuestas cirugías, inconsistencias en los partes quirúrgicos y ausencia de documentación de seguimiento médico.
Médicos investigados y allanamientos
Los principales investigados fueron un traumatólogo infantil y un anestesista, quienes habrían montado un esquema de defraudación mediante la presentación de documentación médica falsa. En el marco de la causa, la Fiscalía ordenó allanamientos a los domicilios de los profesionales y a una clínica, además de la toma de testimonios y el análisis de documentación.
El caso tomó estado público tras conocerse situaciones llamativas, como la de una niña que figuraba en los registros médicos como operada de urgencia en tres oportunidades en menos de una hora y dada de alta a los pocos minutos, pese a que dichas intervenciones nunca se realizaron.
Auditoras cuestionadas
Durante la investigación, el sindicato solicitó ampliar la causa para incluir a dos médicas auditoras, a quienes se les atribuyó haber autorizado procedimientos irregulares. No obstante, con el acuerdo alcanzado, no se avanzó con acciones penales contra ellas y solo fueron desvinculadas de sus funciones.
Los términos del acuerdo
De acuerdo a lo informado, el acuerdo estableció la devolución de la totalidad de los montos facturados de manera indebida, con intereses y costas, y la exclusión permanente de los médicos involucrados como prestadores del sindicato, su obra social, mutual y ART.
Desde el gremio señalaron que los profesionales no volverán a prestar servicios para la institución y que se dio intervención a entidades profesionales para que evalúen posibles sanciones disciplinarias.
Con estos términos, la Fiscalía consideró que el interés de la parte denunciante quedó satisfecho y resolvió cerrar la causa.
