Un amplio operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) desplegado durante la madrugada del 14 de noviembre en Cutral Co y Plaza Huincul terminó con un episodio inesperado: el allanamiento por error al domicilio del referente local de La Libertad Avanza, Carlos Joaquín Figueroa, quien denunció públicamente haber sido víctima de un procedimiento irregular y traumático.
Un operativo de gran escala
Según fuentes policiales, el operativo se enmarcó en una investigación por presuntas infracciones a la ley de estupefacientes y tenencia ilegal de armas. Para ejecutar alrededor de 18 allanamientos simultáneos, se movilizaron 150 agentes distribuidos en 40 móviles oficiales, que intervinieron en diversos barrios de la región, entre ellos General Libertador San Martín (ex 500 Viviendas) en Cutral Co y Otaño en Plaza Huincul.
Los movimientos de la fuerza federal sorprendieron a los vecinos y generaron preocupación en distintos sectores de la ciudad por la magnitud del despliegue.
“¿Lleva algo de valor? —Sí, mi dignidad”
Entre los domicilios allanados se encontraba, por error, el departamento donde reside Figueroa. Según relató en un extenso descargo público, cerca de las 04:15, él y su pareja fueron despertados abruptamente por un estruendo. Minutos después, aseguró, tres agentes federales los apuntaban con armas largas, ordenándoles tirarse al piso.
El dirigente describió que fueron trasladados a Zapala, a 80 kilómetros, donde permanecieron varias horas para realizar trámites de identificación, toma de huellas y testimonios. “Uno siente el rigor del ultraje que representa la invasión injusta de tu espacio privado”, escribió. Tras ser liberado, destacó el trato profesional del subinspector Nicolás Cisterna, aunque remarcó que el procedimiento evidenció fallas en la verificación previa de los domicilios.
Un barrio bajo presión y un Estado que llega tarde
Figueroa contextualizó el episodio en un problema mayor: la degradación del bloque A 16 del barrio General San Martín, donde —según denuncian vecinos— conviven familias trabajadoras con grupos dedicados a actividades ilícitas. Los residentes habrían presentado múltiples denuncias durante meses, reclamando intervención policial frente a “un antro de malvivientes”.
Para el referente libertario, el operativo federal responde en parte a esos reclamos acumulados, aunque subrayó la paradoja: “Hay que tener cuidado con lo que se desea”, escribió, en alusión al impacto del operativo sobre personas ajenas a las investigaciones.
Críticas desde el Concejo Deliberante
El concejal de La Libertad Avanza, César Omar Pérez, también cuestionó el accionar del Estado.
“Qué mal cuando allanan viviendas sin constatar que se trata del domicilio correcto. Personas decentes hostigadas, destrucción de bienes muebles. El Estado debe responsabilizarse por medidas ordenadas irregularmente. No todo vale”, expresó.
Un caso que reabre el debate sobre controles y responsabilidad institucional
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de allanamiento, la precisión de las órdenes judiciales y la coordinación entre fuerzas federales y autoridades locales. Aunque Figueroa reconoció que avala la lucha contra el narcotráfico y el accionar de la PFA, dejó planteado un punto crítico: el Estado debe garantizar eficiencia sin vulnerar derechos.
Mientras avanza la investigación principal, el allanamiento equivocado se convierte en un recordatorio incómodo para las fuerzas de seguridad: la legitimidad de un operativo no solo depende de su finalidad, sino de la calidad con que se ejecuta.
