Los dos jóvenes detenidos entre ayer y la madrugada de hoy por el homicidio de Lautaro Rojas fueron acusados hoy por el delito de homicidio agravado, como autor y como instigador, respectivamente. La razón del hecho de sangre que se planteó fue el problema con la venta de estupefacientes. Se les dispuso cuatro meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Esta tarde, después de las 19:30 se hizo la audiencia de formulación de cargos. El juez Mario Tommasi aceptó la teoría del caso que presentó la fiscalía a través de Marisa Czajcka y Maira Febrer. Los acusados son Mauro Romero como el autor material del disparo y Nicolás Fuentes como el instigador a cometer el hecho.
La razón del conflicto se originó, según indicó la fiscal en que “Lautaro Rojas se había quedado con dinero o con mercadería de Fuentes”. Es por esta razón que en la esquina de Lolog y Machónico, en el barrio Parque Oeste lo ejecutaron de un disparo calibre 22. El muchacho herido caminó unos metros hasta caer muerto. Luego los agresores lo arrastraron en el baldío y lo taparon con los escombros de obras.
Se encontró una pala, dos armas calibre 32, y un teléfono celular quemado. Además, se incautaron 13 vainas servidas en la esquina donde se dio el tiroteo. A Lautaro le dejaron una vela encendida y un cigarillo, en el lugar donde lo enterraron.
La fiscal pidió la prisión preventiva porque entendió que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Esto último porque los testigos prefieren no hablar por temor a las represalias.
Cuando Fuentes fue detenido se desplazaba en una camioneta con muebles y pertenencias. Sin embargo, esta apreciación fue refutada desde el ministerio Público de la Defensa, a través de Vannesa Macedo Font y Diego Simonelli porque explicaron que iba con las pertenencias porque debió dejar su hogar ante la denuncia de violencia de género en su contra.
“Tenemos una versión totalmente distinta a la vertida y de la participación de otra persona en el hecho”, fundamentó Macedo Font y pidió la libertad inmediata o, en su defecto la prisión domiciliaria.
Finalmente, el juez Tommasi resolvió aceptar los cuatro meses de prisión preventiva, el mismo plazo de la investigación y que se disponga el lugar donde serán alojados, teniendo en cuenta la sobrepoblación de las comisarías locales.
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