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En el caso de la defensora de Cutral Co, Natalia Stornini, pidió que se llame a conciliación obligatoria

Las defensoras de Neuquen y Zapala pidieron que se intime “al gobernador y la ministra de Educación para que arbitren los mecanismos necesarios para garantizar el dictado de clases del presente ciclo lectivo“, y pidieron que “el restablecimiento de las clases sea en un plazo perentorio de 48 horas“. En el caso de las funcionarias del MPD de la I Circunscripción el pedido de intimación alcanza al pleno del Consejo Provincial de Educación, y acompañaron la presentación con un relevamiento realizado en cada institución en el que se detalla el estado de situación actual.

Foto de archivo

La situación está en manos de un juez de Neuquen y otro de Zapala. Se podría resolver al respecto de la presentación la semana próxima.

Las Defensoras de Niño y el Adolescente expresaron que a luego de los 38 días sin clases que lleva el conflicto “consideramos que la etapa prejudicial se encuentra concluida, en tanto -las partes involucradas- cierran cualquier posibilidad de discusión o negociación en el ámbito administrativo previo, es más, es la propia Subsecretaria de Trabajo quien alude que el único remedio es judicial y no otro instrumento jurídico”.

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Solicitaron que se fije astreintes y se imponga una sanción conminatoria, equivalente a 5000 pesos por cada día de demora, a partir de la notificación a los responsables de garantizar el derecho a la educación.

La Defensora de Cutral Co no está de acuerdo

Natalia Stornini (foto Fuera del Expediente)

Por su parte la Defensora de la II Circunscripción, Natalia Storinini reiteró que conforme lo establece la ley 1625, es función de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia “brindar a los trabajadores y empleadores con diferendos provenientes de conflictos individuales o pluriindividuales un ámbito propicio que facilite la negociación de sus intereses con el propósito de arribar a acuerdos consensuados…”.

Indicó que la situación actual de la provincia en materia de educación se trata de una “cuestión política no justiciable”, toda vez que habiendo decretado el Poder Ejecutivo aumento salarial, frente a la disconformidad del sector beneficiado no existe posibilidad jurisdiccional de sustituir a la administración pública para determinación razonable”.

Stornini recordó que en marzo de 2017 la Subsecretaria de Trabajo “hizo pública la conciliación obligatoria con el gremio ATE”, y ahora “teniendo en cuenta la prolongación del conflicto con ATEN y a los fines de evitar la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, entiendo relevante la intervención de dicho organismo del estado”. En este marco solicitó al Subsecretario de Trabajo que “revea la posibilidad de su intervención”, y expresó que “pondré en conocimiento al Gobernador del nuevop requerimiento a los fines que tenga a bien arbitrar las medidas positivas necesarias conducentes a lograr la resolución urgente del conflicto”.

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