El Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que un hombre fue condenado a 10 años y 4 meses de prisión efectiva por un caso de abuso sexual agravado contra una niña ocurrido en la ciudad de Zapala.
Según detalló el organismo judicial, los hechos fueron cometidos entre 2016 y 2017, durante aproximadamente un año, cuando la víctima era menor de edad. El condenado, identificado como J.B.M., fue declarado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por el modo de realización, continuado y agravado por el vínculo.
La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, había solicitado una pena de 14 años y 6 meses de prisión efectiva, al considerar como agravantes la reiteración de las conductas abusivas, la diferencia de edad entre el condenado y la víctima, la relación de autoridad, confianza y cuidado existente, además del impacto psicológico y físico provocado por los hechos.
Desde el MPF señalaron que la acusación sostuvo que los abusos se desarrollaron en un contexto de violencia y temor generado mediante amenazas.
La querella institucional, a cargo de la defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente Natalia Díaz, acompañó el pedido de pena formulado por la fiscalía.
La defensa había solicitado que se aplicara el mínimo de la escala penal, fijado en 8 años de prisión, y cuestionó la valoración de los agravantes planteados por las acusaciones.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal de Juicio consideró acreditadas como agravantes la continuidad del delito, la diferencia de edad entre el condenado y la víctima y la extensión del daño generado. También valoró como atenuante la ausencia de antecedentes penales del acusado.
Finalmente, el tribunal integrado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Ignacio Pombo y Diego Chavarría Ruiz impuso la pena de 10 años y 4 meses de prisión efectiva.
Además, una vez que la sentencia quede firme, el condenado será incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS).
En paralelo, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se extendieron por 60 días las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto respecto de la víctima y su grupo familiar.
