La muerte del oficial ayudante Julián Zúñiga, de 27 años, y del suboficial mayor retirado Atilio Contreras, en un siniestro vial ocurrido el sábado en Plaza Huincul, dejó algo más que dos víctimas fatales. También volvió a exponer una discusión que la Policía de Neuquén arrastra desde hace años: salarios que no alcanzan, traslados que desarman familias y una salud mental que —según denuncian desde adentro— nadie quiere mirar de frente.
En ese clima de duelo y malestar acumulado, familiares de policías, efectivos en actividad y retirados, junto a vecinos autoconvocados, presentaron una nota dirigida al gobernador Rolando Figueroa y al ministro de Seguridad Jorge Nicolini.
El documento fue impulsado por la agrupación “No Nos Callamos Más”, red nacida en el año 2015, representada por la licenciada en psicología Alejandra Ortiz, pero también cuenta con el acompañamiento de familiares de policías, efectivos autoconvocados y retirados de la Policía de Neuquén, quienes desde hace años vienen organizándose para visibilizar las condiciones en las que trabaja el personal de la fuerza.
En paralelo, policías concentrados en la ciudad de Zapala también realizaron una presentación propia con reclamos similares, sumando presión al Ejecutivo provincial en un contexto de creciente malestar interno.
Sueldos que no alcanzan en la provincia del petróleo
Neuquén es una de las provincias con mayor dinamismo económico del país, impulsado por la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta. Pero ese crecimiento también elevó el costo de vida. Los policías aseguran que sus salarios quedaron muy por detrás de esa realidad.
Muchos agentes —afirman— dependen de adicionales o servicios extra para completar ingresos, y aun así el dinero no alcanza para cubrir alquileres, transporte y gastos básicos.
“El sueldo de un agente está por debajo de la canasta básica”, advierten en la nota presentada al Ejecutivo provincial. Por eso reclaman una recomposición salarial vinculada al Índice de Precios al Consumidor y el pago en tiempo y forma de los adicionales, que denuncian suelen abonarse con demoras.
En una provincia donde gran parte de la economía gira en torno al petróleo, sostienen, el salario policial quedó atrapado en otra realidad.
El castigo invisible: los traslados
Pero si el salario es un problema, los traslados son otro.
Según denuncian las agrupaciones, el sistema de movimientos dentro de la fuerza se utiliza muchas veces como mecanismo disciplinario informal, enviando efectivos a destinos lejanos de sus familias.
Durante una reunión con funcionarios provinciales, un testimonio dejó al descubierto el alcance de esa práctica.
En el encuentro estuvo presente un primo del oficial fallecido Julián Zúñiga, también integrante de la Policía de Neuquén. Con 18 años de edad, relató que ya atravesó diez traslados dentro de la provincia. Diez destinos distintos. Diez cambios de ciudad.
Para quienes impulsan el reclamo, ese dato refleja una dinámica institucional que somete al personal a una inestabilidad permanente.
La herida que nadie quiere nombrar
Pero el punto más incómodo del reclamo no es salarial ni administrativo. Es emocional.
La licenciada Alejandra Ortiz, referente de la agrupación “No Nos Callamos Más”, sostiene que dentro de la fuerza existe una crisis de salud mental invisibilizada.
“El duelo dentro de la policía muchas veces se minimiza”, explicó. “Un compañero sale a trabajar y no vuelve más. Y quienes compartían más de diez horas de servicio con él quedan solos con ese impacto”.
Según Ortiz, estas situaciones pueden derivar en estrés postraumático, ansiedad o depresión, agravados por jornadas extensas, desarraigo familiar y presión laboral.
“Es distinto enfrentar una enfermedad que saber que un compañero salió a trabajar y no volvió más. Ese duelo muchas veces queda congelado”, sostuvo.
Una advertencia que vuelve a aparecer
Los reclamos por salarios, equipamiento y condiciones laborales dentro de la Policía de Neuquén no son nuevos. Pero rara vez logran instalarse en la agenda pública más allá de momentos de crisis. Esta vez, el detonante fue una tragedia.
Por eso, en el documento elevado al gobierno provincial aparece una advertencia que sintetiza el reclamo de los familiares y efectivos: “La falta de respuestas no solo desprotege al trabajador policial. También afecta la calidad del servicio de seguridad en toda la provincia”.
Porque detrás de cada uniforme —recuerdan quienes impulsan el reclamo— hay trabajadores atravesados por largas jornadas, salarios ajustados, traslados permanentes y duelos que pocas veces encuentran contención dentro de la institución.
