La desaparición de Luciana Muñoz Aguerre, ocurrida en julio de 2024 en la ciudad de Neuquén, dejó de estar bajo la órbita de la Justicia provincial. Por decisión del juez de garantías Lucas Yancarelli, la causa será investigada por la Justicia Federal ante la posibilidad de que el caso esté vinculado a una red de trata de personas.
La resolución fue adoptada tras un pedido formal de la querella que representa a la familia de la joven, con la adhesión del Ministerio Público Fiscal. Para ambas partes, los elementos reunidos hasta el momento exceden la competencia local y encuadran en un delito de carácter federal.
Con esta decisión, el juez declaró la incompetencia del fuero provincial y ordenó el envío completo del legajo a la fiscalía federal, que deberá evaluar las medidas realizadas y definir una nueva estrategia de investigación orientada a determinar el destino de la joven o, al menos, reconstruir qué ocurrió desde su desaparición.
En su análisis, la Justicia tuvo en cuenta el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba Luciana Muñoz, marcado por situaciones de pobreza, consumo problemático de estupefacientes y ejercicio de la prostitución. Según indicaron fuentes judiciales, estas condiciones podrían haber incrementado el riesgo de captación por parte de redes de trata, hipótesis que ya había sido planteada por la familia y organizaciones sociales.
Luciana Muñoz Aguerre tenía 21 años y fue vista por última vez el 13 de julio de 2024, entre las 11 y las 12 del mediodía, cerca de su domicilio en el barrio Gran Neuquén Norte. Desde entonces, se realizaron múltiples rastrillajes y operativos policiales que no arrojaron resultados concretos.
Uno de los pocos avances judiciales del expediente involucra a Maximiliano Avilés, expareja de la joven, quien será llevado a juicio por falso testimonio. Avilés fue imputado por haber mentido en dos declaraciones brindadas en el marco de la investigación. En ellas aseguró no haber estado con Luciana el día de su desaparición, versión que fue contradicha por testimonios y por pruebas tecnológicas que lo ubicaron en las inmediaciones del lugar y en contacto con la joven ese mismo día.
A mediados de octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió nacionalizar la búsqueda y ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita dar con su paradero. La medida, firmada por la ministra Patricia Bullrich y publicada el 31 de octubre en el Boletín Oficial, se apoya en la hipótesis de trata de personas y dispuso la difusión de la imagen de Luciana en todo el país a través de la Policía Federal Argentina.
Para la familia y la Asamblea por Luciana, la intervención del fuero federal representa un punto de inflexión en una causa marcada por la falta de resultados. Desde hace meses impulsan acciones para visibilizar el caso a nivel nacional y reclamar la aplicación del Protocolo de Palermo, el instrumento internacional que guía las investigaciones por trata de personas.
Ahora, el expediente cambia de jurisdicción y de enfoque. La expectativa está puesta en que la Justicia Federal pueda avanzar donde la investigación provincial se estancó.
