Dos familias del barrio Libertador San Martín denunciaron ante la Fiscalía local una serie de irregularidades durante un operativo de la Policía Federal realizado en la madrugada del viernes, el cual —según sostienen— se concretó en un domicilio equivocado, provocando daños materiales, abusos y una grave vulneración de derechos.
La reconstrucción inicial de los hechos surge del testimonio brindado por las propias víctimas al periodista Amadeo Carrizo, a quien recibieron después de radicar sus denuncias en sede judicial. Allí relataron cómo, poco antes de las 4 de la mañana, la irrupción violenta de un grupo de efectivos terminó con puertas arrancadas, rejas destrozadas y vecinos reducidos a la fuerza dentro de sus viviendas.
“Golpearon sin identificarse y exigían que abriéramos, pero ellos mismos habían roto la reja y la cerradura”, relató uno de los habitantes del bloque A9, mientras mostraba imágenes de los daños. Según sus testimonios, los policías ingresaron con armas apuntando hacia el interior, tiraron al piso a una mujer adulta y a una joven, y esposaron a un vecino sin brindar explicaciones ni exhibir documentación en ese momento.
Los damnificados agregaron que, una vez dentro, los agentes revisaron cada ambiente de los dos departamentos. El procedimiento arrojó resultado negativo y no se secuestró ningún elemento. Sin embargo, los efectivos —siempre según los testimonios— no dejaron acta del operativo, una omisión relevante al tratarse del único documento que certifica hallazgos, condiciones del ingreso y responsables del procedimiento.
La confirmación del error apareció cuando los policías mostraron la fotografía utilizada para identificar el domicilio: «Era el edificio de al lado», contaron las víctimas. La presencia de cámaras de seguridad en el complejo habría sido interpretada como un indicio sospechoso. “Llegaron a insinuar que teníamos cámaras porque vendíamos droga”, relató otra vecina. “Las instalamos por inseguridad, como cualquier familia”.
Las familias reclamaron también por los daños: rejas inutilizadas, puertas arrancadas, vidrios rotos y el acceso principal del edificio —usado por adultos mayores y personas con movilidad reducida— completamente vulnerado. “Hoy estamos inseguros. ¿Quién paga lo que rompieron?”, preguntaron.
Ambos grupos familiares presentaron denuncias por separado ante la Fiscalía y aportaron documentación para acreditar su identidad y domicilio. Sin embargo, afirman que no recibieron plazos concretos para una resolución ni garantías sobre la reparación de los daños. Además, señalaron que los adultos mayores del edificio sufrieron crisis de angustia y subas de presión producto del operativo.
“Si hoy se equivocaron de departamento, mañana pueden plantarnos algo”, resumió uno de los vecinos ante Carrizo, reflejando el temor que persiste tras un operativo que no solo careció de resultados sino que exhibió fallas severas en la verificación de la dirección, la ejecución del allanamiento y el resguardo de garantías constitucionales.
Mientras se espera una respuesta institucional sobre el accionar policial, las familias conviven con puertas abiertas a la fuerza, cerraduras inservibles y la incertidumbre de no saber si, en cualquier madrugada, el error podría repetirse.
