Una empresa de la industria hidrocarburifera deberá pagar más de 70 millones de pesos a un gerente que se desempeñó también como su presidente y que, después de la renovación de autoridades de la comisión directiva, fue desplazado.
Se consideró despedido a raíz de una reducción del 75 % de su salario. Al menos así se confirmó, a través del Juzgado Laboral N° 2 de Cutral Co, a cargo de Eduardo Richter, quien consideró que la baja significativa de los haberes configura una injuria suficiente para suponer un despido indirecto.
En la resolución el magistrado destacó que “el caso bajo análisis no configura el que habitualmente debemos resolver, cuando se reclama por diferencias de haberes o indemnizaciones laborales”.
En ese sentido, mencionó la “condición especial del accionante”, pero también la de quienes integran la comisión directiva de la firma demandada. En este punto, Richter señaló que “antes que empresarios desconectados de la realidad cotidiana de la sociedad, en sus diversos ámbitos de actuación, son y fueron también trabajadores”.
En esa línea, y como tales deberían contar con las garantías consagradas en el artículo 14° bis de la Constitución Nacional, sostuvo.
El juez tomó su decisión en base a un dictamen pericial contable, al que consideró “concluyente” y en el cual no se halló “ninguna documentación que respalde el motivo por el cual se disminuyeron los haberes, ni se ha mencionado quién tomó esa decisión”.
Richter también señaló que “el accionante intimó en forma reiterada a que se le abonen correctamente y sin descuentos, los salarios rebajados a partir de mayo de 2023” y que, en ese sentido, la respuesta de la patronal fue siempre negativa y sin justificación.
“Es por ello que la decisión extintiva bajo análisis resultó legítima y se basó en un supuesto de injuria suficiente”, añadió.
Por último, explicó que, en relación al despido indirecto, corresponde a quien lo invoca aportar suficientes elementos a fin de demostrar “la existencia de una injuria capaz de justificar la denuncia del contrato de trabajo”.
Y entendió que “la actitud desplegada por la empleadora (reducción unilateral salarial) constituyó un supuesto de injuria hacia los intereses del demandante” suficiente para autorizarlo a darse por despedido.
