Los radares que se instalaron en las rutas de la provincia no podrán cobrar multas porque los diputados aprobaron ayer la suspensión por 180 días.
En la sesión ordinaria de ayer miércoles se aprobó por unanimidad la ley que regula los sistemas de radares para el control de velocidad en las rutas provinciales.
Una vez que entre en vigencia la norma, los dispositivos ya instalados quedarán fuera de funcionamiento por 180 días y, durante ese lapso de tiempo, no podrán emitirse multas.
Además, los municipios deberán presentar la documentación requerida ante la Dirección Provincial de Seguridad Vial para obtener la autorización correspondiente para funcionar.
El texto de la ley establece que las notificaciones de las multas por exceso de velocidad deberán ser remitidas en un plazo no mayor a los 60 días hábiles.
