El sistema de riesgos del trabajo en Argentina, diseñado para proteger a los trabajadores frente a accidentes y enfermedades laborales, enfrenta una situación crítica. Así lo advirtió Gonzalo De la Sierra, gerente general de Meopp ART Mutual, la mutual de Empleados y Obreros de Petroleros Privados (MEOPP), que brinda cobertura a trabajadores del sector petrolero.
De la Sierra señaló que, si bien la normativa vigente –particularmente la Ley 27.348– establece reglas claras para garantizar la imparcialidad y el control técnico en la resolución de conflictos, en la práctica se ha consolidado un circuito judicial que distorsiona el espíritu del sistema. Según explicó, uno de los principales problemas radica en el rol de los peritos médicos judiciales, quienes deberían integrar cuerpos forenses, ser seleccionados por concurso y percibir honorarios fijos por su labor.
No obstante, denunció que actualmente cualquier profesional puede inscribirse para actuar como perito, sin verificación real de su idoneidad, y que sus honorarios dependen del porcentaje de incapacidad que ellos mismos diagnostican en cada juicio. “El conflicto de intereses es evidente”, afirmó el gerente, quien advirtió que esta situación genera una lógica en la cual mayores niveles de incapacidad asignada se traducen en mayores beneficios económicos para los peritos.
Entre los ejemplos más preocupantes, mencionó reclamos judiciales de hasta un 92% de incapacidad por lesiones que no impiden al trabajador desempeñarse con normalidad, o sumatorias de incapacidades que superan el 100%, algo que consideró “inexplicable”.
Este fenómeno, sostiene De la Sierra, no solo afecta a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que deben destinar recursos crecientes a litigios en lugar de programas preventivos, sino también a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que enfrentan un aumento en los costos laborales y una creciente inseguridad jurídica. Pero los más perjudicados, remarcó, son los propios trabajadores: “Cuando el sistema se vuelve insostenible, pierde capacidad de respuesta ante los casos genuinos”.
Según estimaciones del sector, este año se superarán los 132.000 juicios por riesgos del trabajo, una cifra récord que no se explica únicamente por una mayor conflictividad laboral, sino por una estructura de incentivos económicos que ha desvirtuado el propósito original del sistema.
En este contexto, De la Sierra propuso no modificar la legislación, sino aplicar lo que ya está vigente. “La justicia debe conformar cuerpos médicos forenses abiertos, transparentes, con peritos independientes, y desvincular los honorarios del resultado del juicio”, concluyó.
Finalmente, advirtió que permitir que el sistema se convierta en un negocio para unos pocos pone en riesgo su integridad estructural y, con ella, la protección de millones de trabajadores en todo el país.
