En una audiencia marcada por relatos de intimidación y un clima de alta tensión, el juez de garantías Ignacio Pombo resolvió extender por dos meses la prisión preventiva a Carlos Andrés de la Vega y Juan José Canuán, los dos hombres imputados por un grave caso de doble homicidio. La medida, que ahora tiene como fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2026, busca mitigar los riesgos procesales en una causa donde la violencia parece no haber cesado tras el crimen de las víctimas, identificadas como Riquelme y Piovesán.
Una investigación bajo la sombra del miedo
Durante la audiencia, el asistente letrado de la fiscalía, Dr. Federico Cuño, fundamentó la necesidad de prorrogar la investigación penal preparatoria debido a la complejidad del caso y la pluralidad de víctimas e imputados. Uno de los puntos más críticos expuestos por la acusación fue la imposibilidad de entrevistar formalmente a testigos clave del barrio Nehuen Che, quienes, aunque han aportado datos extrajudiciales, se niegan a declarar oficialmente por temor a represalias.
La fiscalía y la querella, representada por el Dr. Sensi (en representación de la familia Riquelme), denunciaron una serie de actos intimidatorios recientes que han convertido la vida de los testigos en “un infierno”,. Entre los hechos más escalofriantes se encuentran:
La entrega de una “corona fúnebre” en el domicilio de la testigo principal, Susana Riquelme, con la inscripción “que en paz descanses”.
Amenazas de muerte contra el hijo menor de edad de la testigo, a quien Alicia Canuán (hermana de uno de los imputados) le habría dicho: “Vos vas a quedar como fiambre”.
Amedrentamientos a otros familiares que han requerido custodia policial incluso para que los niños asistan a la escuela o rindan exámenes.
Pruebas pendientes y la postura de la defensa
Además del riesgo para los testigos, la fiscalía señaló que aún resta peritar un *dispositivo electrónico* perteneciente a Alicia Canuán, pieza que consideran fundamental dado que los imputados trabajaban para ella. El retraso en esta prueba se debe a que el gabinete de informática judicial tiene turno recién para enero de 2026.
Por su parte, la defensora particular, Dra. Melina Poser, no se opuso a la prórroga de la investigación —utilizando ese tiempo también para la labor de la defensa—, pero resistió firmemente la continuidad de la prisión preventiva. Poser argumentó que no hay pruebas directas que vinculen a sus asistidos, quienes ya se encuentran privados de su libertad, con las amenazas denunciadas,. En su lugar, propuso medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la fiscalía y la prohibición de contacto con las víctimas.
El veredicto final
Tras escuchar a las partes, el juez Pombo rechazó la propuesta de la defensa y ratificó que los riesgos procesales siguen vigentes y se han incrementado. El magistrado recordó que desde el inicio de la causa existen elementos objetivos de peso, como el ocultamiento del vehículo utilizado en el hecho (tapado con una lona en la casa de un familiar) y la falta de hallazgo de las armas de fuego.
El juez concluyó que la prisión preventiva es la única medida adecuada para garantizar la integridad de los testigos y evitar el entorpecimiento de la justicia en un contexto de violencia desplegada antes y después del crimen. Ante esta resolución, la defensa ya ha solicitado una audiencia de revisión.
