Sentada en los pasillos del Juzgado Civil N° 1 de Cutral Co, Gladys Noemí Lescano, de 65 años, no oculta su indignación. La jubilada, residente de Allen, Río Negro, asegura que desde 2020 libra una batalla judicial para recuperar una vivienda que fue usurpada y que pertenece legalmente a su hijo, Gastón Ceferino Gaetti, hoy detenido en la Unidad 11 de Neuquén. A pesar de que la demanda por desalojo fue presentada hace cinco años, el expediente sigue sin sentencia. “Me voy a quedar acá hasta que me devuelvan la casa. Ya no tengo más paciencia”, sentencia.
La historia detrás del expediente judicial N° 85.741/2019 revela un drama que combina precariedad institucional, vulneración de derechos y una inacción judicial que, a los ojos de Lescano, roza el abandono de persona. “Soy una mujer grande, tengo problemas de salud y una jubilación de 400 mil pesos que no me alcanza para vivir. Esa casa podría alquilarla, pero está ocupada sin ningún papel ni contrato. Y la jueza se ríe de nosotros”, denuncia.
El conflicto
El inmueble en disputa se encuentra en calle San José del barrio Progreso, Manzana 23, Lote 802B, en Cutral Co. Según los documentos presentados por la defensa de Lescano, el terreno está a nombre de su hijo, quien fue declarado penalmente incapaz en 2019. A partir de esa sentencia, ella fue designada como curadora legal, una figura que le otorga potestad para administrar los bienes de su hijo, actualmente privado de libertad.
La ocupación del inmueble, según su relato, comenzó de buena fe. Lescano afirma que dejó la casa a una familia “por fuerza mayor”, con un supuesto acuerdo de compra que nunca se concretó. “No tienen ni boleto, ni recibos, ni nada. Y ahora dicen que son dueños”, explica. La demanda por desalojo se presentó formalmente contra María Magdalena Pérez Matus y contra cualquier otro ocupante del domicilio, sin que hasta hoy exista una resolución judicial firme.
Cinco años de silencio judicial
Lo que parece ser un expediente simple para el fuero civil (un reclamo por desalojo por la causal de intrusión, sin medidas urgentes solicitadas) lleva más de cinco años sin sentencia. “La jueza me rechazó un pedido hoy porque no tenía la firma del abogado. Me mandó a decir que no me iba a tomar nada. ¿Y mientras tanto qué? ¿Sigo esperando otros cinco años más?”, cuestiona Lescano, que cuenta con el patrocinio del Defensor Público Civil N°1, Dr. Néstor Cañupán.
En la documentación presentada se solicitó también el beneficio de litigar sin gastos, dado que tanto el demandante como su madre se encuentran en situación económica vulnerable. “Hice todos los trámites. Cancelé la deuda del terreno, tengo todos los papeles. ¿Y ellos qué tienen? Nada. Solo ocupan. Y la Justicia los protege a ellos, no a nosotros”, dice.
Un prontuario que incomoda
El hijo de Lescano, Gastón Gaetti, es una figura conocida en la comarca petrolera. Cumple una condena de 20 años por diversos delitos, entre ellos robos agravados, intentos de homicidio y cuatro fugas cinematográficas. En su historial penal figura un asalto a Camuzzi Gas del Sur en 2001, un robo a Hormiplus en 2018 y una investigación pendiente en Chile por el crimen de un empresario maderero.
El currículum delictivo de Gaetti parece jugar en contra del reclamo de su madre. Pero lo cierto es que, jurídicamente, la condición penal del propietario no invalida su derecho sobre el inmueble ni la posibilidad de recuperar la posesión a través de su curadora legal.
“El Estado es responsable de mi salud”
“Le hice saber a la jueza que si no me dan una respuesta, me voy a quedar en este juzgado. Y hago responsable al Estado de lo que pase con mi salud”, sostiene Lescano, quien denuncia que ha viajado decenas de veces desde Allen a Cutral Co en busca de una respuesta que nunca llegó.
