A cinco años exactos de la explosión en la escuela N° 144 de Aguada San Roque, el recuerdo no se presenta como un ritual cerrado sino como una causa aún en movimiento, con expedientes abiertos, responsabilidades discutidas y una herida que el sistema institucional no termina de suturar.
El 29 de junio de 2021, una fuga de gas derivó en una explosión que destruyó el edificio escolar de Aguada San Roque y dejó tres víctimas fatales: la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. Desde entonces, el caso se convirtió en un expediente testigo sobre las fallas acumuladas en la obra pública educativa de la provincia.
En este nuevo aniversario, el gremio docente ATEN volverá a activar el reclamo en las calles con un paro provincial y una movilización que tendrá como epicentro el Monumento al General San Martín, a las 10 de la mañana. La convocatoria reúne a docentes de distintos puntos de la provincia bajo una consigna que combina memoria, reclamo judicial y cuestionamiento político.
En paralelo, el expediente judicial continúa su curso. En febrero de 2025, un tribunal de juicio dictó condenas contra cinco personas vinculadas a la obra y a la administración pública, entre exfuncionarios y responsables técnicos. Las penas incluyeron prisión efectiva e inhabilitaciones, aunque ninguna sentencia está firme y todos los condenados permanecen en libertad a la espera de revisión por instancias superiores.
En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ratificó resoluciones clave del proceso penal, consolidando parte del andamiaje judicial pero sin clausurar el debate de fondo. La querella, en tanto, insiste en revisar absoluciones y decisiones que considera insuficientes frente a la magnitud del hecho.
La secuencia judicial expone un dato que atraviesa todo el caso: la distancia entre los fallos dictados y su ejecución efectiva, en un expediente donde las responsabilidades penales avanzan más lento que la demanda social de cierre.
A cinco años, la tragedia de Aguada San Roque permanece así en un punto de tensión entre la memoria colectiva, la acción sindical y un proceso judicial que todavía no alcanzó su desenlace definitivo.
