El frente del edificio del Juzgado de Faltas tiene pintadas con aerosol donde se lee “Vallejos maltratadora” y “municipio cómplice”.
Este es un nuevo episodio de los múltiples que ha tenido la jueza Vallejos en el ejercicio de su función en el ámbito de la justicia municipal.
Anteriormente tuvo una condena en 2018 por ejercer violencia en el ámbito laboral hacia tres empleadas. Tomó licencia extensa y luego volvió a su cargo. El año pasado nuevamente recibió una denuncia por una mujer a la que no se le renovó el contrato tras presentar cargos y se consideró despedida en forma discriminatoria.
Y este caso, que no se sabe si es una nueva denuncia pública o reflejo de los conflictos anteriores, la opción fue el escrache. Una muestra de que la situación está lejos de resolverse.
El municipio de Plaza Huincul, desde el Ejecutivo, mantiene una política continua de lucha contra la violencia en todas sus formas pero especialmente contra la que se ejerce contra la mujer. Sobre todo cuando no se trata de un hecho aislado, como este caso. Pero hay un impedimento jurídico para que no haya intervención.
A pesar de que existen antecedentes judiciales, Vallejos no deja el cargo porque la carta orgánica municipal establece que sólo lo pueden hacer desde el Concejo Deliberante a través de un juicio político. Se presentó un pedido en 2018 pero no contó con los votos necesarios para seguir su curso, a pesar de la constatación judicial de los hechos de violencia. En aquel momento se le adjudicó a la denuncia un matiz político y el actual concejal Fernando Doroschenco fue uno de los principales defensores de Vallejos.
La continuidad de las denuncias implica que allí hay un problema sin resolver.
