Más de cincuenta familias de las secciones 062, 063 y 040 de la ciudad de Zapala reclaman desde hace más de tres años la realización de las mensuras de los lotes que les fueron adjudicados, un requisito indispensable para avanzar con la escrituración definitiva de sus viviendas. Tras agotar todas las instancias administrativas y políticas locales, solicitaron que el reclamo llegue al Gobierno provincial ante la falta de respuestas concretas del municipio.
Los vecinos aseguran contar con adjudicación provisoria, haber cumplido con la totalidad de las obligaciones exigidas —plazos de construcción, pago del terreno, presentación de planos, servicios instalados e impuestos retributivos al día— y remarcan que no hubo oposiciones vecinales, tal como consta en los edictos publicados en el Boletín Oficial.
El núcleo del conflicto radica en la no ejecución de las mensuras, una obligación que, según el Artículo 40 de la normativa de tierras fiscales, corresponde a la Municipalidad. El Artículo 12 de la ordenanza vigente establece, a su vez, los deberes de los adjudicatarios, que —según la documentación presentada— ya fueron cumplidos por la mayoría de las familias involucradas.
Durante 2025, desde el área municipal de Tierras y Planificación se informó formalmente que las mensuras no se realizarían por falta de presupuesto. La respuesta generó malestar entre los vecinos, no solo por el tiempo transcurrido, sino porque —afirman— existieron compromisos previos asumidos en instancias institucionales que luego no se cumplieron.
El reclamo fue presentado mediante múltiples notas formales ante el Ejecutivo municipal y tratado en el Concejo Deliberante, quedando registrado en actas oficiales y amparado en el uso del Artículo 68 del cuerpo legislativo local. También cuenta con el acompañamiento del Defensor del Pueblo, quien participó de reuniones donde se prometió avanzar con las mensuras.
Sin embargo, a pesar del recorrido administrativo, no se registraron avances ni decisiones ejecutivas que permitan destrabar la situación. La falta de mensuras mantiene a las familias en un limbo jurídico: sin posibilidad de escriturar, acceder a créditos o consolidar plenamente la titularidad de sus viviendas.
“Después de tres años, que la única respuesta sea que no hay presupuesto resulta inadmisible”, señalan desde el reclamo colectivo, y advierten que la demora afecta derechos adquiridos y profundiza la inseguridad jurídica de los adjudicatarios.
Ante este escenario, los vecinos solicitan una audiencia con autoridades provinciales y la intervención del Gobierno de Neuquén, con el objetivo de que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente y se ejecuten las mensuras pendientes. Cuentan con documentación respaldatoria, actas, notas oficiales y planos que acreditan el recorrido institucional del reclamo.
El conflicto expone una tensión recurrente en la política de tierras: derechos reconocidos en el papel, obligaciones cumplidas por los adjudicatarios y una etapa final —clave— paralizada por decisiones administrativas y presupuestarias, cuyo costo se traslada, una vez más, a los vecinos.
