La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, emitió un fallo que obliga al Estado argentino a transferir el 51% del paquete accionario de YPF S.A. a dos fondos de inversión, como parte de la ejecución de una sentencia por la expropiación realizada en 2012. La decisión judicial generó una inmediata reacción del presidente Javier Milei, quien anunció que el país apelará en todas las instancias posibles y cargó contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo, dictado en la causa “Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic”, establece que Argentina deberá depositar en un plazo de 14 días el total de las acciones Clase D de YPF (equivalentes al 51% y actualmente en manos del Estado, vía ANSES y el Tesoro) en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon. Luego, tendrá un día hábil adicional para completar la transferencia a los fondos demandantes: Petersen Energía y Eton Park.
Preska resolvió que la transferencia de acciones no requiere autorización del Congreso argentino, amparándose en la normativa federal de Estados Unidos y descartando la aplicación de la Ley de Soberanía Extranjera (FSIA), al considerar que se trata de una excepción comercial. Según la magistrada, el hecho de que YPF cotice en la Bolsa de Nueva York y registre información ante la SEC justifica la ejecución bajo jurisdicción estadounidense.
El presidente Javier Milei se pronunció sobre el tema en sus redes sociales. “Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF”, escribió en X (ex Twitter). En su mensaje, atribuyó la responsabilidad del conflicto al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”, señaló Milei. “Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, agregó.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la disputa por la estatización de la petrolera argentina, y pone en jaque el patrimonio del Estado en una de las principales compañías del país. En caso de incumplimiento del fallo, los demandantes podrán solicitar sanciones civiles, declarar a la Argentina en desacato y avanzar con embargos sobre activos soberanos.
Desde el gobierno nacional insisten en que utilizarán todos los recursos legales a su disposición para evitar la pérdida de las acciones. No obstante, la sentencia se considera de cumplimiento inmediato bajo la normativa estadounidense, lo que genera una creciente preocupación en el ámbito económico y jurídico.
