Por momentos fue un planteo técnico. Por momentos, un reclamo político. Pero, sobre todo, fue la exposición de un conflicto que lleva años sin resolverse. Vecinos de las secciones 062, 063 y 040 del barrio Toma Nueva de Zapala lograron finalmente ser recibidos en el Concejo Deliberante, donde volvieron a poner en agenda la falta de mensuras de sus lotes, condición indispensable para acceder a la escritura definitiva.
La voz principal fue la de Leticia Pinilla, quien habló en representación de decenas de familias. Su intervención no dejó margen para interpretaciones: “No he venido con palabras vacías, sino con hechos”, afirmó ante los concejales, en una exposición que combinó datos, antecedentes administrativos y cuestionamientos directos a la falta de decisiones.
El reclamo, explicó, no es reciente. “Hace más de cuatro años que venimos en esta lucha”, señaló, al tiempo que recordó que existe un expediente activo en la Defensoría del Pueblo (N° 80-22) y múltiples presentaciones formales ante el Ejecutivo municipal. Sin embargo, según sostuvo, las respuestas obtenidas hasta ahora han sido insuficientes o, en sus palabras, “evasivas y dilatorias”.
Pinilla apuntó especialmente a la justificación oficial basada en la falta de presupuesto. “No es una respuesta. Es una evasiva”, insistió. Y fue más allá: “Acá no es un problema técnico, es una decisión política”, planteó, dejando en evidencia el núcleo del conflicto.
El eje del reclamo gira en torno al incumplimiento de la ordenanza de tierras fiscales, que establece que la Municipalidad debe ejecutar las mensuras. Según detalló la vecina, la mayoría de los adjudicatarios ya cumplió con todas las obligaciones exigidas: pago del terreno, construcción en plazo, servicios instalados e impuestos al día. “Lo único que pedimos es que se cumpla la ordenanza”, resumió.
Durante su intervención, Pinilla también introdujo un elemento nuevo: la posible existencia de líneas de financiamiento internacional para este tipo de obras. En ese sentido, solicitó que el municipio gestione la inclusión del barrio en esos programas. “Si existe esa posibilidad, queremos estar incluidos”, afirmó.
Pero el planteo no se limitó a lo discursivo. La vecina intentó formalizar un acta compromiso para que los concejales firmaran en el recinto, con el objetivo de dejar constancia escrita de una eventual solución. El gesto, cargado de simbolismo, evidenció el nivel de desconfianza acumulado tras años de promesas incumplidas.
La respuesta llegó, parcialmente, desde el oficialismo. Concejales confirmaron que en los últimos días se firmó un contrato con un profesional para avanzar con las mensuras de un total de 153 lotes, ampliando el universo original del reclamo. El plazo estimado sería de seis meses.
Sin embargo, incluso frente a ese anuncio, Pinilla mantuvo la cautela. “Queremos salir de acá con una respuesta concreta, no vacía”, reiteró, y pidió acceso al contrato para que sea de conocimiento público.
El episodio dejó expuesto algo más que una demora administrativa. Mostró el recorrido de un reclamo que atravesó expedientes, reuniones, promesas y silencios. Y que, recién ahora, comienza a encontrar una posible salida. Aunque, como dejaron en claro los propios vecinos, la confianza ya no se construye con anuncios, sino con hechos verificables.
