Casi tres años y medio después de la explosión que mató a tres trabajadores en la refinería de New American Oil (NAO), la Justicia neuquina fijó fecha para el juicio oral: del 15 al 30 de abril de 2026.
El debate llegará con una causa recortada, directivos excluidos y una empresa que retomó su actividad sin interrupciones de fondo.
El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022, a las 4.20 de la madrugada, cuando una explosión seguida de un incendio de gran magnitud sacudió a Plaza Huincul y Cutral Co. Murieron Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina, operarios que cumplían su turno nocturno. El estallido se escuchó a kilómetros y destruyó buena parte de la planta. Las primeras hipótesis técnicas señalaron un tanque de crudo o fuel oil como posible origen.
Una causa que llega tarde
Para las familias, el inicio del juicio no es un punto de llegada, sino la confirmación de una demora estructural. “Este proceso no empezó hoy. Hace tres años y medio que venimos luchando y recién ahora se llega a juicio”, afirmó Laura Herrera, hija de una de las víctimas.
Durante ese tiempo, el expediente avanzó de manera fragmentada, con audiencias espaciadas, cambios de criterio y resoluciones que, según las familias, desdibujaron la cadena de responsabilidades.
“Siempre tuvimos esperanza de justicia, no por venganza, sino por el amor inmenso que sentíamos por nuestro papá”, señaló.
Directivos excluidos y acuerdos que generan interrogantes
Uno de los puntos más controvertidos del proceso fue la exclusión de altos cargos jerárquicos de la empresa.
“Bajaron al gerente general y al presidente de la refinería. Pagaron en tres cuotas la muerte de tres personas. Eso nunca se entendió”, denunció Herrera.
La decisión judicial dejó fuera del juicio a quienes ocupaban la conducción de la refinería al momento del siniestro, bajo el argumento de que no tenían conocimiento directo de las condiciones operativas. Para las familias, esa interpretación reduce la responsabilidad empresarial a los eslabones más bajos. “¿Cómo puede quedar afuera alguien que estaba a cargo de una refinería?”, cuestionó.
Cinco imputados, una empresa en marcha
Actualmente, cinco personas llegarán a juicio. La acusación se centra en fallas operativas y de control interno. Sin embargo, el caso deja abiertos otros interrogantes:
¿qué controles estatales se realizaron antes de la explosión?, ¿qué informes de seguridad estaban vigentes?, ¿qué organismos habilitaron la continuidad de la actividad?
“Cada persona que entraba a esa refinería tenía un rol que cumplir, y muchas no lo hicieron”, sostuvo Herrera. Pese a la gravedad del hecho, NAO retomó sus operaciones.
“Mientras nosotros seguimos con este dolor inmenso, ellos siguieron facturando como si nada hubiese pasado”, afirmó.
Una tragedia que pudo ser mayor
La explosión ocurrió en plena madrugada, con dotación reducida. Para las familias, ese dato es clave. “Si esto pasaba a las ocho de la mañana, había mucha más gente. Le podría haber tocado a cualquiera. NAO siempre fue una bomba de tiempo”, advirtió Herrera.
La afirmación pone en discusión las condiciones de seguridad previas al siniestro, un punto que será central en el juicio, pero que hasta ahora no tuvo consecuencias administrativas visibles.
El reclamo: que no sea un caso más
Más allá del proceso penal, las familias buscan un precedente. “No queremos que la muerte de Fernando, Víctor y Gonzalo quede en vano. Que este caso marque un antes y un después”, reclamó. Y concluyó: “Justicia es paz. Es la paz que ellos necesitan y la que necesitamos nosotros”.
El juicio, previsto para abril de 2026, llega con una pregunta de fondo aún sin respuesta: si una explosión fatal, en una industria de alto riesgo, no alcanza para activar controles efectivos y responsabilidades plenas, ¿qué lo hará?
