En una sesión marcada por tensiones y acusaciones cruzadas, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul no logró avanzar con el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ordenanza que permitiría destrabar la habilitación del hipermercado Carrefour, actualmente en construcción. La iniciativa oficialista buscaba derogar los artículos 20 y 21 de la ordenanza 1546, que representan el principal obstáculo normativo para que el emprendimiento privado reciba el aval municipal.
El proyecto fue impulsado por el oficialismo local, que propuso conformarse en comisión durante la misma sesión para emitir despacho inmediato. Sin embargo, la moción fue rechazada por los concejales Sebastián Ávila (MID), Fernando Doroschenco —quien participó de forma remota— y Gustavo Suárez, lo que imposibilitó avanzar por falta de mayoría. De este modo, la propuesta deberá aguardar su tratamiento en comisión uno, previsiblemente la semana próxima, ya que el feriado del 9 de Julio suspende las reuniones habituales de los miércoles.
Durante el debate, el concejal Ávila planteó fuertes críticas al Ejecutivo y expresó su preocupación por el avance de las obras pese a la falta de habilitación formal. “Se está afectando un espacio público como la plaza de integración, con tala de árboles y modificaciones sin justificación ambiental. En una ciudad con restricciones hídricas, eso no es menor”, señaló. Además, insinuó que “hay comentarios de calle que hablan de ofrecimientos indebidos para apurar la votación”, aunque sin aportar pruebas.
El presidente del cuerpo, Daniel Vidondo, le respondió con firmeza: “Si tiene elementos, lo invito a que radique la denuncia correspondiente. No podemos permitir que se lancen sospechas al aire sin fundamentos”.
Más allá del cruce verbal, el episodio dejó al descubierto un dilema más profundo: la tensión entre los intereses privados y el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes. También se reavivó el debate sobre el rol del Concejo Deliberante como contralor de las decisiones del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de proyectos de gran impacto económico y social.
Mientras tanto, la obra avanza en terreno visible y la falta de definiciones normativas agrega incertidumbre jurídica al emprendimiento. La discusión, lejos de cerrarse, parece recién comenzar.
