Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva tras comprobarse que comercializaba estupefacientes desde una vivienda en la localidad de Rincón de los Sauces. La sentencia se dictó a menos de 20 días de realizado el allanamiento que permitió desarticular el punto de venta.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal del caso, Silvia Moreira, junto al asistente letrado Pablo Jávega. El proceso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, instancia en la que el imputado, identificado como Facundo Aníbal Navarro, reconoció su responsabilidad en los hechos.
En el mismo expediente, María Pía Narváez admitió haber participado en las actividades ilícitas como colaboradora en el fraccionamiento y comercialización de sustancias. Por este motivo, fue condenada a tres años de prisión en suspenso, en carácter de partícipe secundaria.
De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre el 12 de febrero y el 13 de marzo de 2026, período en el cual la vivienda funcionó como punto de venta de drogas. Durante la investigación, se realizaron tareas de vigilancia que permitieron registrar al menos 24 operaciones compatibles con la comercialización de estupefacientes. Asimismo, se constató que los pagos se efectuaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.
El 13 de marzo se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio, donde personal policial secuestró 68 gramos de cocaína, pequeñas cantidades de cannabis, balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, más de 2,6 millones de pesos en efectivo y tres armas de fuego con municiones, todas aptas para el disparo.
Los delitos fueron calificados como comercio de estupefacientes, en calidad de autor para Navarro, y en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil. En el caso de Narváez, se la consideró partícipe secundaria.
El acuerdo fue presentado en una audiencia ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien lo homologó tras verificar que ambos imputados reconocieran los hechos y prestaran su conformidad.
Además de las penas impuestas, la resolución incluyó el decomiso del dinero, las sustancias y los dispositivos electrónicos incautados, así como la clausura del inmueble donde se desarrollaba la actividad ilícita.
