Así se desprende de la investigación que realizan en simultáneo el Tribunal de Cuentas de la provincia, el Concejo Deliberante y la fiscalía local. Mañana el Tribunal de Sentencia sesionará en público para determinar si Juan Carlos Giannattasio debe seguir en el cargo o no.
La cifra es extraoficial porque la fiscalía, con la ayuda de la División de Delitos Económicos y el gabinete contable del Tribunal Superior de Justicia, analiza cientos de facturas que el municipio le pagó a la empresa Rentaquen. La empresa, como se recordará, vende miles de artículos pero no tiene salón comercial ya que en la dirección fiscal sólo hay una casa de familia. Por otra parte su competencia en las supuestas licitaciones no tienen habilitación en la AFIP ni en Rentas.
El delito de defraudación es el que investiga la justicia penal mientras que en el juicio político se intenta determinar si el intendente Juan Carlos Giannattasio incumplió con sus deberes de funcionario público.
Los 23 de millones de pesos se obtienen de sumar todos los sobreprecios que pagó la Municipalidad de Plaza Huincul a la empresa Rentaquen. Los expedientes que se investigan corresponden al año 2015.
Los ejemplos son muy numerosos, incluso algunos ni siquiera se incorporaron al expediente que tiene la Sala Juzgadora pero que están en el expediente judicial. Uno de ellos es de diciembre de 2015 por la compra de seis neumáticos para camión 275-80-2.5 que Rentaquen cotizó en casi 22 mil pesos y se venden a 7200 pesos en el mercado. En total la Municipalidad pagó más de 158 mil pesos cuando pudo pagar 43 mil pesos.
Uno de los dilemas que no está en discusión en el juicio político y tampoco en la causa judicial es si la diferencia de esos sobreprecios solamente beneficiaban a Rentaquen o su hubo sobornos de por medio. En el caso citado hubo casi 115 mil pesos de diferencia ¿todo se lo quedaba el dueño de Rentaquén? Es una pregunta que posiblemente no tenga respuestas.
