La comisión de Hacienda de la Legislatura tiene dos despachos uno de ratificación y otro de rechazo. Se trata del acuerdo firmado hace quince días entre el Ejecutivo provincial y las empresas petroleras estatales.
Con relación al acta acuerdo entre la provincia y las empresas petroleras YPF y GYP. El despacho por mayoría ratifica el acta y obtuvo ocho votos provenientes de los bloques del MPN, FPN-UNE, FRIN, Paden, UP-UNA; mientras que el de minoría la rechaza y fue avalado con tres votos de los bloques del FPV, Libres del Sur y FIT. Desde la UCR y el PRO no se apoyó ninguno de los despachos. De esta forma, el Acuerdo finalizó el tratamiento parlamentario en el seno de las comisiones (Hidrocarburos, Asuntos Constitucionales y finalmente Presupuesto) y será girado al recinto.
Con relación al acta acuerdo entre la provincia, YPF y GyP; Luis Sapag (MPN) remarcó que se trata de un “canje de áreas” en la zona oeste de la provincia. En materia económica, el legislador recordó que la provincia accede a 30 millones de dólares por pago de canon y 3.5 en concepto de Responsabilidad Social Empresarial.
Explicó además que la estatal neuquina “se queda” con áreas que décadas atrás YPF consideraba marginales porque no tenían reservorios aptos para una explotación convencional y que adquieren valor con las tecnologías aplicadas al desarrollo de los denominados no convencionales. Detalló que YPF “se quedará” con 11 áreas mientras que GyP obtendrá un total de 23 áreas. El legislador hizo hincapié en dos proyectos pilotos de las once áreas de YPF: Pampa de las Yeguas y La Ribera I, con una inversión del orden de los 120 millones y 100 millones de dólares, respectivamente. Indicó además que los contratos iniciales entre ambas empresas fueron firmados bajo la ley 17.319 que no contemplaba proyectos no convencionales y limitaba a un plazo máximo de 30 años para la explotación.
Al justificar el voto afirmativo, Mariano Mansilla (Frente y la Participación Neuquina-Unión de los Neuquinos) ponderó que se trata de la firma de un convenio “entre dos empresas públicas” y dijo que “lo relevante es lo que se extraerá de la producción, lo que implica más regalías para la provincia”.
Al expresarse en rechazo del Acuerdo, Santiago Nogueira (Libres del Sur) pidió analizarlo en el contexto de la política nacional sobre producción hidrocarburífera, “se reducirán los costos, lo que pasará por los salarios de los trabajadores” dijo. A su turno, Patricia Jure, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, calificó de “entrega” de los recursos provinciales el Acta en cuestión y negó que se trate de una negociación entre dos empresas estatales: “están haciendo filas las empresas privadas por atrás”. Por el Frente Para la Victoria, Nanci Parrilli aseguró que “se están vendiendo las áreas a cualquier precio”, al tiempo que se pronunció a favor de una previa licitación una vez finalizados los actuales contratos entre ambas firmas.
Finalmente Carolina Rambeaud (PRO) criticó que los fondos del Acuerdo se dirijan al tesoro provincial y no se destinen directamente a obras productivas y no se especifiquen las indemnizaciones por posibles daños ambientales. “30 millones de dólares me parece una cifra ínfima en este tipo de negociaciones”, dijo la legisladora provincial.
