Por Jorge Tobares- Abogado Penalista
La justicia por mano propia es una forma extrema de legitimación y privatización de la violencia y lejos de ser un mecanismo efectivo de control, la justicia por mano propia reproduce y aumenta los niveles de inseguridad, supone amenazas a la integridad de las personas y tiene graves implicaciones sobre la legitimidad y aceptación popular del Estado.
En la situación actual, nuestra convivencia se ha visto y se ve intensamente agraviada por delitos contra las personas o propiedad que nos afectan sin distinción de clases a la vez que proyecta su sombra amenazante sobre la sociedad toda, en la que cada uno teme por sí y por sus seres cercanos, al tiempo que participa del clima de temor y desconcierto generalizado y reclama urgentes respuestas del Estado a este injustificado e intolerable agravio al cuerpo social.
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Pero en la situación que acabamos de describir aparecen reacciones de venganza por mano propia (pésimamente designadas como episodios de justicia por mano propia), y ello nos obliga a examinar estas conductas bajo una doble perspectiva: la del hecho individual y su comprensión emocional, y la del hecho en el marco de nuestra ética y nuestras leyes.
Cada caso aisladamente analizado conduce a una justificación de reacciones que, desde el punto de su relación con la convivencia social y con el ordenamiento jurídico, son condenables, pues la solución al hecho de que haya personas lesionadas o robadas no puede nunca consistir en generar un derecho a réplica que le permita al agredido matar al agresor.
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Hacer justicia por mano propia implica la ruptura del contrato social democrático, aquel que otorga al Estado el monopolio de la fuerza y asegura el tránsito del estado de naturaleza a la comunidad política. Como ya en el siglo XVII había escrito Thomas Hobbes, en el estado de naturaleza “el hombre es un lobo para el hombre: (…) los hombres viven sin otra seguridad que sus propias fuerzas y su propio ingenio debe proveerlos de lo necesario (…) Y lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer por muerte violenta”.
Cabe advertir que si se reconoce al ciudadano robado el derecho de perseguir y matar al ladrón en razón de que robo es un delito grave que generó una emoción violenta en la víctima, ello implicaría reconocer el derecho de los familiares del ladrón muerto de ir a matar a quien lo mató, porque este hecho no deja de ser también un grave delito, y así sucesivamente.
“La justicia por mano propia pone en entredicho la existencia misma del Estado, de su función principal -el uso de la coerción para ejercer justicia- de sus instituciones y de sus leyes”, importa la pérdida de legitimidad otorgada por los sujetos al Estado, como dador de las respuestas a las necesidades de los sujetos, que en este caso sería la seguridad.
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Es necesario que el Estado desarrolle políticas de prevención de la justicia por mano propia.- Cuando estas situaciones se prolongan en el tiempo, se empiezan a incorporar como un modo de estar en el mundo, como un modo de ser en el mundo”, dice Marcela Scarafia, magister en Neuropsicología y perito oficial psicóloga del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Marcela Scarafia, habla de la afectación de esta crisis en la vida cotidiana de los sujetos, ya que estamos inmersos en un contexto social que está constantemente alterado y los casos de justicia por mano propia aumentan constantemente. Al decir que se empiezan a incorporar como un “modo de estar en el mundo”, habla de cómo esta crisis se vuelve rutina. Sumado a esto, la tecnologización y la globalización ayudan a que los medios de comunicación puedan difundir la problemática y hacerlas más visibles y globales, llevando a que esa constante visualización de los hechos contribuya a la cotidianeidad de la problemática.
Brindar el derecho de matar a otro en razón de haber sido robado retrotrae nuestra civilización a tiempos anteriores a la ley del talión, que, en nuestra civilización, aparece en el Antiguo Testamento (Éxodo 21:23-25), donde se prescribió: “Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”. Esta ley constituyó un gran avance civilizatorio frente a la venganza desproporcionada y generalizada que se proyectaba sobre la familia toda del agresor. Con ella, se trató de establecer un límite a la reacción primitiva que carecía de toda restricción.
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La ley del talión tampoco satisface el principio de justicia en una sociedad, cuando se advierte que esta es una cualidad de la convivencia social y no un derecho individual de las personas agredidas. El filósofo argentino Carlos Cossio señalaba que, si aplicamos esa ley a quien le causó la ceguera a otro, como consecuencia, la sociedad tendría dos ciegos en lugar de uno, lo cual no satisface la dimensión social de toda justicia. Cabe recordar que causarle intencionalmente la muerte a otro también es tipificado como delito —grave— en nuestra sociedad, con la particularidad de que la pena prevista para el homicidio es mucho más grave que la prevista para el robo. Así, la dialéctica de la venganza descontrolada no sólo aparece como irracional y antisocial, sino que, además, invierte los valores que animan a nuestro Código Penal.-
La víctima puede considerar que actúa en legítima defensa – causal de justificación prevista en los incisos 6 y 7 del Art. 34 del Código Penal, no por ello desaparece el delito sino que dicha causal convierte a la conducta penalmente típica en permitida ante la presencia de determinadas circunstancias; en nuestro caso: la existencia de una agresión ilegítima por parte del atacante, la necesidad y proporcionalidad del acto defensista y la falta de provocación por parte de quien se defiende. Solo en aquellos casos en los que exista una conducta encuadrable en una norma del Código Penal, pero que se vea alcanzada por estos tres requisitos -ninguno de ellos podrá faltar-, podremos afirmar que se actuó en legítima defensa, pero si el juez considera que se excedió en ese derecho puede quedar preso.-
Para acabar con esta práctica el Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza en los territorios en donde la violencia se ha privatizado y donde se apela a la justicia por mano propia debido a la falta de legitimidad estatal. Para eso sería necesario mejorar la credibilidad de las instituciones, ampliar la seguridad jurídica de los ciudadanos.- Es importante concentrarse en los sectores donde es mayor el riesgo, y esto supone combinar las acciones disuasivas y punitivas con programas preventivos y pedagógicos para desincentivar el recurso a la justicia por mano propia. Aunque se trate de un trabajo de largo plazo, la ciudadanía tendrá que ser educada para la paz y para llegar a acuerdos que eliminen cualquier forma de agresión y cambien el imaginario colectivo de la cultura de la violencia o la anomia.
El bien para nuestra nación consiste en cumplir sus leyes, todas sus leyes, y promover, en su seno, la mejor posibilidad de la convivencia social, que, en ningún caso, puede constituir un incentivo a que nos matemos los unos a los otros.