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Compra de vehículos en Plaza: entre la necesidad y la legalidad

Se pide no concurrir a la oficina, sino por la web

Es conocida la dificultad que ha tenido el intendente Juan Carlos Giannattasio para conseguir aprobación de las ordenanzas que necesitaba su gestión, en muchos casos por objeciones pertinentes presentadas por la oposición.

Pero en el afán por conseguir consenso (para que salgan) se han aprobado ordenanzas que resultan impracticables. Una de ellas es la ordenanza del crédito del ENIM para la compra de maquinarias y vehículos. Se estableció allí “el Departamento Ejecutivo Municipal, una vez culminado el proceso legal de adquisición (Concurso de precio, licitaciones públicas o licitaciones privadas), informará al ENIM los datos bancarios y los montos de dinero a transferir a cada proveedor para finalizar el proceso de compra. Bajo ninguna circunstancia se trasferirán fondos aprobados en la presente Ordenanza, a las cuentas oficiales del Municipio, sin la debida autorización del Concejo Deliberante, por mayoría especial”.

¿Por qué incorporan este artículo? Porque sospechan que los 20 millones del crédito se van a destinar a otras cosas que no son la compra de vehículos. Se sospecha porque hay una causa penal por defraudación de esta gestión. Eso se entiende. Pero no se puede por ello violar las normas vigentes. Bien hacen desde el ENIM en negarse a pagar directamente a los proveedores, sin pasar por el municipio.

¿Qué otras herramientas tienen en el Concejo Deliberante para controlar? Una de ellas es la comisión de control de licitaciones, que se conformó hace tiempo y que debería tener acceso a toda la documentación, entre ellas el pago de la compra de vehículos. Es que los ediles deberán aceptar que, guste o no, Giannattasio sigue siendo el intendente y que el cargo está más allá de quien lo ocupe. Deben prevalecer las instituciones. De corroborar que los fondos fueron destinados para otra cosa, entonces debería radicarse una nueva denuncia, esta vez por malversación de fondos.

Es que todavía queda un año y medio de gestión. Y si bien en tiempos políticos es poco, en tiempo de vecinos necesitados de servicios es mucho. ¿Ello convalida la acción de los empleados municipales, tirando basura frente al Concejo? De ninguna manera, lo realizado por los delegados de ATE no es protestar, es vandalismo.

Por Cecilia Soberón

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