El juez Luciano Hermosilla dio inicio formal a la etapa de investigación preparatoria tras la formulación de cargos contra cuatro efectivos de la fuerza policial. Están acusados de agredir físicamente a dos jóvenes deportistas en la localidad de Centenario.
La agresión ocurrió en la madrugada del pasado 1 de agosto a la salida de un boliche bailable. Según la acusación, luego de que las víctimas fueran retiradas del local por la seguridad privada, los efectivos policiales intervinieron de forma violenta.
Mientras uno de los uniformados inmovilizó a uno de los jóvenes, otros dos oficiales le propinaron golpes de puño y patadas. Al intentar auxiliarlo, el segundo atleta fue derribado y golpeado en el suelo, sufriendo ambos contusiones múltiples en el rostro y el cuerpo.
En la audiencia judicial, el magistrado tuvo por formulados los cargos contra tres efectivos policiales en carácter de coautores del delito de vejaciones. Por su parte, una oficial femenina fue imputada bajo el mismo delito pero en carácter de omisión impropia, al constatarse que no intervino para hacer cesar la agresión que ejercían sus compañeros de fuerza.
La figura legal provisional por la que se los acusa está tipificada en el artículo 143 inciso 2 del Código Penal, un encuadre que contempla penas de uno a cinco años de prisión, además de la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la función pública por el doble del tiempo de la condena que se imponga.
El abogado de los atletas, Michel Richmann, calificó la evidencia reunida en el legajo como “abrumadora” y desmintió la existencia de cualquier tipo de altercado previo en el interior del establecimiento nocturno.
Entre los elementos probatorios recopilados por la fiscalía se encuentran testimonios de testigos y registros de cámaras de seguridad del boliche y de comercios aledaños. Asimismo, el letrado detalló que las pericias médicas del Cuerpo Médico Forense certificaron que los deportistas no presentaban aliento etílico al momento del examen clínico inicial. En cuanto a las lesiones sufridas, se confirmó que uno de los jóvenes sufrió la fractura y pérdida parcial de una pieza dental debido a los impactos recibidos en la zona del rostro y el tórax.
La justicia estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación preparatoria. En paralelo, el juez hizo lugar a la solicitud de la querella y dictó una estricta prohibición de acercamiento y contacto que obliga a los imputados a mantener distancia de los jóvenes afectados y de su entorno familiar.
