Cuatro personas fueron imputadas en Chos Malal por la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de una investigación por una posible actividad conjunta de venta de cocaína y cannabis. La fiscal del caso, Natalia Rivera, solicitó que permanezcan en prisión preventiva, aunque el juez de Garantías Eduardo Egea rechazó el pedido y ordenó su liberación bajo determinadas restricciones.
Ante esa resolución, la fiscalía solicitó una revisión judicial. El planteo deberá ser analizado en una nueva audiencia por un tribunal integrado por tres jueces o juezas de Garantías.
La audiencia de formulación de cargos se realizó el viernes por la noche, luego de una serie de allanamientos en tres domicilios y dos locales comerciales de la localidad. Durante los procedimientos, se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, armas, municiones y elementos que, según la investigación, estarían vinculados con la comercialización de drogas.
La hipótesis de la fiscalía
Durante la audiencia, Rivera sostuvo que las cuatro personas investigadas habrían actuado de manera coordinada, con una distribución de funciones para la presunta venta de cocaína y cannabis en Chos Malal, entre el 16 de julio y el 8 de octubre de 2026.
Según la acusación, uno de los imputados, identificado por sus iniciales como A.A.A., habría sido el proveedor de las sustancias y habría impartido instrucciones relacionadas con el pesaje, el fraccionamiento y la comercialización.
Los otros tres acusados, identificados como I.M.N., P.K.S. y L.A.F., habrían desempeñado distintas funciones vinculadas con la tenencia y venta de estupefacientes, además de movimientos de dinero mediante billeteras virtuales.
La fiscalía atribuyó a los cuatro la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores. Además, a A.A.A. le imputó la presunta tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
Qué encontraron en los allanamientos
Entre los elementos secuestrados, en una de las viviendas se encontraron 81,6 gramos de cocaína compactada, mientras que en otro domicilio se incautaron 185 gramos de cannabis, además de otras cantidades de sustancias.
Los procedimientos también permitieron secuestrar balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos que, de acuerdo con la fiscalía, estarían relacionados con la actividad investigada.
Los allanamientos se realizaron en tres domicilios y dos locales comerciales, luego de una investigación que derivó en la detención inicial de las cuatro personas imputadas.
Los motivos del pedido de prisión preventiva
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Rivera advirtió sobre posibles riesgos para el desarrollo de la investigación. Entre ellos, mencionó la posibilidad de que los imputados accedieran de manera remota a información almacenada en dispositivos electrónicos secuestrados y la necesidad de entrevistar a personas que podrían aportar datos relevantes para esclarecer los hechos.
También hizo referencia a la existencia de testigos cuya identidad debe mantenerse bajo reserva.
El juez Egea rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso la libertad de los cuatro imputados. Sin embargo, estableció medidas para resguardar el proceso: prohibió que se acerquen o mantengan contacto con dos testigos identificados durante un plazo de cuatro meses.
Frente a la decisión, la fiscal solicitó que otro tribunal revise la resolución y evalúe nuevamente la necesidad de aplicar las medidas de coerción requeridas.
Prórroga de una clausura y embargo de fondos
En la misma audiencia, el juez hizo lugar al pedido de la fiscalía para prorrogar por dos meses la clausura de la vivienda de A.A.A., señalada como uno de los lugares que presuntamente se utilizaban para la venta de estupefacientes.
En cambio, no concedió la extensión de la clausura de un local comercial ubicado en el mismo predio.
Además, autorizó el embargo de fondos depositados en billeteras virtuales de los imputados, con excepción de L.A.F. En ese caso, consideró que no se habían presentado elementos suficientes para justificar la medida.
La investigación continúa en curso y la decisión sobre las prisiones preventivas deberá ser revisada en una nueva audiencia judicial. Las imputaciones formuladas por la fiscalía deberán ser acreditadas durante el proceso, en el que las cuatro personas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
