Sara Ibañez fue juzgada en Cutral Co, encontrada culpable y sentenciada a cadena perpetua por la muerte de Fabián Blanco y sus dos hijos, entre diciembre de 1999 y el año 2000.
Durante el juicio, ella relató escenas de violencia extrema, no solo golpes sino vejaciones que terminaron con un aborto espontáneo antes de los homicidios.
Esa circunstancia no fue considerada por la Fiscalía, ni por el Tribunal que la juzgó y tampoco por su abogado defensor. Este último punto generó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2006. Se demostró, con los años, que se violó el derecho de Sara Ibañez a no ser obligado a declarar contra sí mismo, al derecho a contar con una defensa técnica eficaz, al derecho a la presunción de inocencia y al derecho a la igualdad ante la Ley.
Según determinó la Subsecretaría de Mujeres, la defensa de Ibañez “no impugnó las pruebas producidas en su desmedro como así tampoco ofreció pruebas correspondientes a la defensa efectiva”.
El juicio estuvo a cargo de la Cámara de Zapala, integrada por Víctor Martínez (presidente), Enrique Modina y Oscar Rodeiro. El fiscal fue Ladislao Simon y la defensa la ejerció Eves Tejeda.
El fiscal Simon describió a Sara Ibañez como una mujer provocativa, que se pintaba los labios carnosos de rojo. Y se la consideraba una mujer “de vida ligera”. En las primeras horas de la investigación, ya se sabía que Fabián Blanco ejercía violencia, pero no fue tenido en cuenta.
Lejos de la vida de lujuria, Sara vivía una realidad diferente. El Centro Regional de Estudios Interdisciplinarios sobre el Delito (Cereid) realizó una serie de entrevistas a Sara Ibáñez entre 2001 y 2002 en la cárcel de mujeres, la U16, y su dictamen fue clave en el resarcimiento que se le entregará.
El informe detalló que Sara padecía el síndrome de la mujer golpeada. Sabía que estaba en peligro y que no tenía escapatoria. Y sigue “Blanco le había anunciado que la iba a matar. En una oportunidad, le tiró un cuchillo sobre la mesa y le dijo “defendete”, pero ella no lo agarró. Sabía que con sus 1,55 metros y 44 kilos no podría hacerle frente”.
Nunca denunció lo que sufría porque el predio en el que vivían estaba alejado de la ciudad. Además, por ese entonces, denunciar era un riesgo más que debía asumir una mujer víctima de violencia. Así es que no hay registro de esa violencia, ni judicial, ni médico, ni policial, salvo los relatos de Sara.
La tragedia ocurrió después de una golpiza que le hizo perder un embarazo y esa circunstancia no fue considerada. La Comisión Interamericana encontró responsable al Estado Argentino por la violación de los derechos de Sara y el gobierno provincial llegó a un acuerdo con ella.
Le van a conmutar la pena que le quedaba pendiente, aunque ya está en libertad desde 2018. Sara obtuvo un título universitario en la cárcel y se dedica a trabajar. Aceptó que, como resarcimiento, le otorguen una vivienda pero no será en Cutral Co ni Plaza Huincul.