Diputados y diputadas del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para crear la Defensoría del Policía, en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Seguridad
Este nuevo organismo tendría la responsabilidad de velar por los derechos del personal que integra la fuerza e intervenir en los proceso administrativo o judicial en que se discutan faltas relacionadas con deberes, derechos y obligaciones de cada miembro de la fuerza.
El proyecto recién entró en la Legislatura para su análisis y pasará a comisión. Según la propuesta de los diputados, el instituto será presidido por un defensor del Policía que sería un abogado, cargos que tendrán vigencia por 5 años y al que se accederá por concurso público a través de una convocatoria que realizará el Poder Legislativo provincial.
Respecto a las funciones que deberá ejercer se destacan la asistencia ante denuncias formuladas por el personal policial que configuren amenaza o vulneración de sus derechos en el ejercicio de sus funciones; la intervención en sumarios administrativos y actuaciones judiciales en los cuales se investigue el accionar del personal policial y también la implementación de un sistema de contención y asistencia destinado a policías que presenten trastornos psicofísicos, entre otras disposiciones.
De igual modo, señala que forman parte de sus atribuciones las instancias de representación y asesoramiento en asuntos administrativos que afectan tanto a la persona como a los bienes del personal policial. En ese sentido, distingue que en estos casos deberá impulsar medidas de protección en resguardo del personal policial afectado.
Al hacer referencia a los requisitos para acceder al cargo, señala que cada postulante deberá ser argentino nativo o por opción mayor de 30 años y contar con una residencia mínima de cinco años en la provincia; tener matrícula de abogado habilitada y demostrar haber ejercido la profesión por un plazo mayor a cinco años.
Dispone también que el defensor estará acompañado por dos adjuntos, los cuales serán designados por su persona pero que deberán contar con el aval de la Cámara de Diputados.
Sobre el proceso de selección, la iniciativa detalla que la Legislatura designará un jurado integrado por un diputado de cada bloque parlamentario que verá realizar un examen de antecedentes y oposición para elaborar luego un orden de mérito. Aclara que la misma quedará conformada únicamente con los y las postulantes que acrediten haber aprobado un 70% en la instancia de evaluación.
El proyecto (14289) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de abril con la firma de los legisladores Mariano Mansilla y Sergio Fernández Novoa y de las diputadas Ayelén Gutiérrez y Teresa Rioseco (FT).