La medida cautelar impuesta tras el crimen caduca el próximo 2 de mayo, pero el Ministerio Público Fiscal pidió una extensión por 3 meses para que el acusado llegue al juicio en calidad de detenido. “Es oriundo de Allen y no tiene arraigo ni domicilio” expusieron como riesgo procesal.
Diego Alberto Sosa, un trabajador rural de Allen, es el único imputado por el crimen de Sebastián Silva, ocurrido el pasado 1 de enero en el barrio en el barrio Otaño de Plaza Huincul. Sosa llegó a la ciudad porque tenía una relación afectiva con una mujer y compartió la cena de año nuevo con ella y su familia. Pero durante la noche tuvo una discusión con el hijo de su pareja y se fue a la casa de sus cuñados.
Según la teoría fiscal , Sosa y Silva coincidieron en la casa de Miguel Charpentier. En horas de la madrugada, Sebastián Silva discutió con uno de los presentes y, tras ese intercambio, Sosa tomó un cuchillo de la cocina y le dio una puñalada que horas después le causó la muerte.
El acusado fue detenido en las horas posteriores y sometido a una formulación de cargos el día 2 de enero, donde lo imputaron por el delito de homicidio simple, en calidad de autor (artículos 79 y 45 del Código Penal). En ese entonces se aplicó una medida cautelar de prisión preventiva por 4 meses que vence el próximo domingo. Por eso, el asistente letrado Federico Cuneo solicitó que se extienda por tres meses la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado, por considerar que sigue vigente la existencia del peligro de fuga.
Cuneo argumentó que el imputado no tiene arraigo ni un trabajo estable; y que la expectativa de pena es de 8 a 25 años. Sin embargo, detalló que “la fiscalía, en el juicio, se va a apartar del mínimo de 8 años y vamos a solicitar entre 10 y 12 años de prisión efectiva por las características del hecho”.
Además, en la misma audiencia, el asistente letrado solicitó que el plazo de investigación se extienda por un mes más. “Solamente queda pendiente un informe psiquiátrico” para completar la investigación, explicó a este medio.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz hizo lugar al pedido de la fiscalía y prolongó el plazo de investigación y de prisión preventiva, tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal.