Se realizó una audiencia penal el último día del año para solicitar la prisión preventiva para los acusados de dar muerte al policía Gabriel Nahuelcar, pero fue rechazado el pedido.
Hace un año Nahuelcar recibía un disparo en la nuca, que ingresó entre el casco y el chaleco antibalas que llevaba puesto el efectivo del Servicio Motorizado del Comando Radioeléctrico.
El policía había concurrido en auxilio de los bomberos voluntarios que eran agredidos en el barrio Peñi Trapún. Tras dispersar a un grupo de personas, continuaron el patrullaje por la zona y allí se produjo la agresión.
Primero se acusó a José Espinoza, un joven conocido del ambiente delictivo quien solía utilizar un arma tipo escopeta recortada, que fue hallada en cercanías del lugar donde murió Nahuelcar.
Después el fiscal Santiago Terán lo dejó como partícipe necesario pero ya no lo acusó de realizar el disparo, por la falta de pruebas. Y acusó a un hombre de apellido Díaz.
Con la salida de Terán, la causa tomó otro rumbo. Y ahora hay un tercer acusado. Todos permanecen con prisión preventiva aunque ya pasó más de un año desde que se inició la investigación.
La causa parece empantanada. No hay pruebas concluyentes contra ninguno de los implicados y el caso de mayor impacto en la comunidad podría quedar impune. Ello genera preocupación en el ámbito judicial, político y policial. Tanta preocupación que podrían dejarse de lado procedimientos legales con el fin de conseguir un culpable. Ojalá ello no suceda.