Dos casos en Cutral Co y Huincul ejemplifican la violencia económica, que muchas veces ocurre durante la relación y otras veces después de que la víctima se anima a denunciar.
Aquellas mujeres que se animan a salir de la relación violenta, después deben discutir jurídicamente lo que les corresponde. Uno de los casos es el de Mariela, que estuvo 23 años casada con un hombre violento. Hace quince días recibió una paliza tal que se decidió a denunciar. Pero ahora afronta la cruda realidad: no tiene nada para comer.
Su ex marido es un trabajador petrolero que mantiene su ingreso salarial. Todos los bienes están a su nombre y ella estuvo 23 años en una relación que no le permitió tener un oficio y desempeñarse laboralmente. No tiene de que vivir, pero lo que se adquirió durante su matrimonio le pertenece en el 50%. Ella está pidiendo una cuota alimentaria del salario de su ex esposo y también la mitad de los alquileres que él cobra pero que pertenecen a los dos. Pero la Justicia civil no responde y ella por ahora cura sus heridas y vive de los alimentos que le gestiona el Consejo de la Mujer en Desarrollo Social.
Otro caso. V. convive con su pareja, se llevan bien, prosperan económicamente porque él trabaja en una empresa y ella atiende una despensa que pusieron entre los dos. Pero una tarde su hija le confiesa que era abusada por el hombre. Ella enloquece, quiere volver a la casa que ambos compartían y él le prohíbe la entrada. Se pone violento.
Desde entonces V. vive de la colaboración de su familia y un poco de dinero que le darían como ayuda en la Municipalidad de Cutral Co. El alquiler de la casa, la licencia comercial de la despensa, todo está a nombre de él.
Consiguió entrar a la casa y sacar algunas de sus cosas. Vendió una computadora para comprar carne y hacer una feria de empanadas. Le llegó un oficio para que no venda nada de la casa “porque son bienes gananciales”. Mientras, no consigue que la Justicia le devuelva, al menos, la despensa para poder seguir subsistiendo.
La violencia económica se define como todas aquellas prácticas que impactan negativamente y afectan la subsistencia económica de una persona. En este caso las víctimas de violencia y abuso quedan absolutamente vulnerables en lo económico y, lo que es peor aún, la Justicia Civil acciona tarde o no acciona ante demandas que son urgentes. Lo que permite que la victimización continúe.