El magistrado Alejandro Cabral intervino en un juicio en el que un hombre fue acusado de haber prestado colaboración secundaria a otra persona con el fin de prostituir a diez mujeres en el local Anfitrión de Plaza Huincul.
La causa judicial se inició en 2013. En la oficina de Atención a la Víctima las mujeres reconocieron la situación que vivían mientras que frente al juez dijeron otra cosa.
A partir de la investigación de una “ruta petrolera” de trata de personas, que se llevó a cabo a nivel federal, en Huincul y en Cutral Co se prohibió la existencia de locales dedicados a la explotación sexual.
En el juicio que se llevó a cabo en Neuquen se dejó sin pena a un hombre que trabajaba en Anfitrión. La tarea del imputado, según la fiscalía, consistía en ser la persona que servía las copas detrás de la barra, controlaba a las mujeres que allí trabajaban otorgándoles una pulsera por cada copa y pase realizado, llamándolas por teléfono para que regresaran al local y les pagaba al finalizar la jornada.
El juez afirmó que estaba probado que en el sitio “se realizaba copeo” y que eso “no integra de ninguna manera la prostitución”. Mencionó que nunca se acreditó que el imputado se beneficiaba económicamente de la explotación sexual de otra persona, y menos aún que se hubiere aprovechado de un estado de vulnerabilidad para ello.
“De acuerdo a lo declarado por las presuntas víctimas, dicen que ellas iban al boliche cuando querían, que algunas cumplían un horario, otras no. Algunas dijeron que esa noche del allanamiento fue la única vez que habían ido”, aseguró.
Dijo que “cobraban por cada copa que le hacían tomar al cliente, que el dinero les era entregado por el cliente a ellas” y ellas se lo entregaban a otra persona, quien les daba el 50%.
La situación descripta no se condice con otra investigación. Gladys, una mujer paraguaya que estaba ilegalmente en el país, trabajaba en uno de estos locales de Plaza Huincul. Fue asesinada en una picada y su muerte quedó impune porque las condenas de sus presuntos asesinos fueron anuladas.
Según se supo entonces, Gladys salía del local con el cliente con el que había tomado una copa, iba a un inquilinato en la avenida San Martín, acompañada de un guardaespaldas. Cuando le pagaban tenía que entregar una parte y después “del servicio” tenía que volver al local acompañada por su guardia. Poco parece haber de libertad de trabajo.
El juez fue más allá y dijo que “la prostitución es un trabajo que debe regularizarse, y manifestó que existe un discurso público que discrimina y criminaliza esta actividad: “¿qué es más digno, ser trabajadora sexual o trabajar como empleada doméstica, barrendero, limpiador de cloacas, o en trabajos precarizados como los de Glovo, Uber, etc.? Algunos de estos se pagan muy mal y en negro, ¿no es eso explotación?”.
Con información de Diario Río Negro