Para la justicia no existen riesgos procesales y la efectivo policial que mató a su pareja con el arma reglamentaria dejará la cárcel luego de 3 meses y medio de prisión preventiva, pero deberá cumplir arresto domiciliario.
Ayer se desarrolló la audiencia por modificación de la medida cautelar impuesta en octubre pasado, pero con la ausencia de la cabo Magalí Hernández por razones de salud. El encuentro fue solicitado por fiscalia, con el fin de extender la medida cautelar en su contra para que la uniformada llegara a fecha de juicio en calidad de detenida.
Allí se adelantó que el próximo 10 de febrero caducará el periodo de investigación y que el Ministerio Público Fiscal llevará la causa a un juicio por jurado popular, dada la repercusión social del crimen.
La cabo Hernández está acusada de dar muerte a su pareja Dante Biazetti tras una discusión familiar el pasado 8 de octubre, en su casa del barrio Central de Plaza Huincul. Según la teoría del caso, le disparó con el arma reglamentaria hiriéndolo en el hombro, con una lesión que le provocaría la muerte poco después por un shock hipovolémico.
Tras la agresión, Hernández llevó a Biazetti al hospital y luego se fue a casa de sus padres, donde tomó un baño y se puso en contacto con otros compañeros policías para conocer la evolución de su pareja. Finalmente, cuando supo de su muerte, se entregó.
Por aquel entonces Fiscalía le formuló los cargos de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego; y solicitó una medida cautelar de prisión preventiva de 3 meses, aunque solo se aplicaron 15 días.
Semanas después, la medida se extendió por 3 meses ante el planteo de riesgos procesales por peligro de fuga –dado que abandonó a Biazetti tras la agresión- y entorpecimiento de la investigación, considerando que muchos de los testigos del caso eran compañeros y colegas de la imputada. Los jueces de revisión descartaron el primero, pero avalaron el segundo y aplicaron la continuidad a la cautelar, que caducó hoy.
Para esta audiencia, la Fiscalía representada por Valeria Cevallos y Gastón Liotard reiteró la figura del peligro de fuga con el apoyo de la querella, pero la defensa pública remarcó que esta teoría fue descartada en audiencias anteriores, por lo que la jueza Laura Barbé falló a favor de modificar la medida por una prisión domiciliaria por el plazo de dos meses.
La justificación del fallo estuvo en el resguardo del hijo mayor de la pareja, que presenció la agresión y se encuentra bajo tratamiento psicológico en compañía de sus abuelas, por lo tanto, no estará en la cárcel pero tampoco podrá abandonar el hogar que le asignaron.