Santiago Terán opinó sobre el homicidio de Jonatan Morales en manos del oficial Jairo Valenzuela y planteó tres posibles desenlaces, aunque remarcó que “el proceso está en investigación y se deben respetar esos tiempos”.
Como primera medida, el fiscal marcó una distancia entre el caso de Valenzuela y Chocobar. Este último ocurrido en el barrio porteño de La Boca durante el 2018, donde un uniformado bonaerense abatió a un ladrón que había apuñalado a un turista extranjero para robarle el teléfono celular.
“Un teléfono no vale una vida. Si me roban el teléfono o el auto yo no me voy a defender porque una vida vale más que la propiedad privada, aunque sea la vida de un delincuente” manifestó el jefe de fiscales, al tiempo que aclaró que en el caso de Valenzuela, el uniformado fue amenazado y dispararon contra él con armas de fuego.
Por otra parte, Terán remarcó que Chocobar actuó ante un hecho consumado luego de que la víctima señalara al agresor, mientras que Jairo Valenzuela lo hizo en el momento del hecho siendo él mismo el damnificado.
Finalmente, sostuvo que uno de los hechos comprobados en las pericias es que hubo disparos cruzados en el caso de Cutral Co, es decir que tanto el policía como los ladrones efectuaron detonaciones de armas de fuego, aunque el disparo que le cuesta la vida a Morales fue desde atrás, ingresando por la nuca y atravesando la cabeza hasta salir por el maxilar inferior. Aquí existe una coincidencia respecto al ataque “por la espalda”, aunque resta establecer si Morales realizaba disparos durante la huida.
Con ese panorama, Terán planteó que existen tres posibles desenlaces del proceso judicial: “uno grave por homicidio calificado en un juicio en el cuál puede tocar perpetua; uno intermedio con un exceso de la legítima defensa; o que se entienda la legítima defensa en cumplimiento de servicio como manda la ley, que sería desincriminatorio” señaló.
El fiscal expuso que anticiparse a tomar alguna postura antes de terminar la investigación “es una irresponsabilidad” y agregó “nosotros somos muy celosos de los excesos, pero somos pro Estado y defensa del ejercicio del derecho y la ley”.
El pasado 19 de enero la justicia ordenó un plazo de 4 meses para desarrollar la investigación y reconstrucción del hecho, antes de la revisión de condena para el oficial de la policía.