El proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal a 15 años, que se impulsa desde el gobierno nacional, trajo respuestas desde diferentes sectores.
En este caso, la titular del ministerio Público de la Defensa, Marisa Mauti, quien además forma parte de la ONG Pensamiento Penal, rechazó la iniciativa por varios motivos.
Entre los fundamentos, Mauti explicó que el proyecto no solo abarca la edad, bajar a los 15 que actualmente es a los 16 sino que además restringe la facultad de los jueces para que, en el caso que se aplique una pena, esta pueda disminuir. “Cuando se aplica la pena efectivamente y son menores, pueden los jueces disminuir la escala penal, no es la misma que los mayores. Y se bajan los máximos también”, indicó.
Para Mauti, el punto es que la responsabilidad del Estado sobre los menores es “de cuidarlos, protegerlos y considerar su situación de vulnerabilidad. El niño y el adolescente no es que estén disminuidos sino que no están maduro psicológica, biológica ni socialmente”. “Esa unidad biopsicosocial que es el ser humano, está en evolución y formación y esa falta de maduración implica que está en situación de en vulnerabilidad para asumir posturas al modo de un adulto porque no lo es. Porque no está en su completa maduración”.
Si a eso se le suma que este adolescente está en conflicto con la ley penal, se le suman otras vulnerabilidades porque quienes están en conflicto con la ley penal, tiene una serie de “situaciones de riesgo que son familiares o de disminución de recursos en educación, trabajo, no está incluido socialmente”. Estas personas que están absolutamente excluidas del sistema, que tienen una disminución de recursos en lo familiar, lo social, educación y cultura “ése sujeto es vulnerable”.
“Si es vulnerable para estar en conflicto con la ley, penal ninguna duda hay que también está en conflicto en la familia, en lo laboral y en la educación”, sostuvo Mauti.
“No está maduro. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? es brindar educación, deporte, garantizar trabajo, intervenir en esa familia de altísimo riesgo para evitar que ingrese a la cultura delictiva”, acotó.
El Estado debe hacer eso. Lo debe hacer porque todas las normas nacionales e internacionales priorizan el interés del niño, como un interés superior. En las convenciones están esas obligaciones, entonces no se puede en lo estrictamente penal violar algunos principios básicos con una ley de casi “emergencia” que no es tal, porque no la hay, reflexionó.
El proyecto, para Mauti, “no tiene fundamentos claros, científicos, argumentos válidos y fundados en estadísticas”. El sistema penal es “última ratio”, primero hay que aplicar otros métodos y agotar todas las instancias. “No se puede volver atrás con derechos adquiridos”.
Finalmente, Mauti dijo que la exigencia de todos los operadores del sistema y los actores sociales sea para mejorar la calidad de vida no sólo en beneficio de quienes están en conflicto con la ley penal y también para la ciudadanía. Si queremos una ciudadanía que esté en menor riesgo de ser víctima de delitos, necesitamos que hayan menos ciudadanos con riesgo de insertarse en el delito.