El parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco acompañado por el bloque de diputados FPN-UNE, hizo pública una acción de inconstitucionalidad del decreto iniciado por el exgobernador Jorge Sapag, en el que se cede en forma gratuita a una empresa concesionaria 90 hectáreas sobre el cerro Chapelco, con la intención de construir una aldea de montaña de 500 a 2500 camas.
En una rueda de prensa, realizada en la Legislatura de Neuquén, el parlamentario argumentó las principales acciones que entienden desde el bloque, sobre la inconstitucionalidad del decreto. En primer lugar, Rioseco afirmó que se viola la ley 2388 del año 2002 , que transfiere el cerro Chapelco, todos sus bienes y todas sus tierras a la municipalidad de San Martín de los Andes. Esto significa que le corresponde a este municipio la administración y concesión de las tierras.
Sin embargo, en el año 2010 , según declaró Rioseco “no sabemos por qué razón el gobierno provincial hizo un decreto donde se extiende la concesión a la empresa que estaba operando el cerro y además, se ceden 90 hectáreas en forma gratuita a la empresa concesionaria para que monte un proyecto turístico al pie del cerro. Entendemos que esto viola la ley, porque no era más de la provincia , era de la municipalidad”.
En este sentido, entiende que se viola la autonomía municipal y por último esta acción desconoce a los pueblos originarios porque dentro de esas 90 hectáreas hay 10 que lo corresponden a la comunidad Curruhuinca, que se debe hacer una consulta previa con los pueblos originarios.
“Hubo un gran negocio inmobiliario, de la tierra que nos tiene acostumbrados el MPN, desde nuestro espacio lo advertimos durante el trabajo que venimos haciendo en toda la provincia con respecto a este tipo de irregularidades, el problema de la tierra es un problema de Estado y no debe ser un negocios al menos de los funcionarios”, disparó el diputado del Parlasur.
Por otro lado, Rioseco manifestó su preocupación por el impacto económico que generará este proyecto turístico en San Martín de los Andes y dijo “la economía en esta localidad tiene una particularidad, que no hay grandes monopolios sino que hay emprendimientos familiares, y hay una economía muy distributiva, por lo tanto, es una sociedad que crece sobre la base de esa economía, esta concentración es la que nos preocupa y por eso, hacemos esta acción legal para que la justicia determine lo que consideramos que hubo una violación clara de incompatibilidad respecto de que un decreto no puede derogar una ley”.
Asimismo, desde el bloque FPN -UNE advirtieron que dicho decreto no fue publicado en el boletín oficial , “esto quita total validez y hay una suspicacia para que la comunidad no se entere de las acciones que hace el gobierno, además de que se pasó por encima de las facultades que tienen los concejales y el intendente ya que son los dueños del área”.
Por su parte, la exconcejal y vecina de San Martín de los Andes, Ana Ambroggi, se sumó al reclamo y coincidió en que “la ciudad cordillerana vive del turismo, la explotación económica más importante es el turismo, y está nucleada en proyectos familiares, si se llega hacer este emprendimiento en el cerro, el turismo no va a pasar por el pueblo de San Martín de los Andes , consideramos que hay un entramado, una acción que nunca fue transparente”.
Por último, el diputado Mariano Mansilla pidió al gobernador se sume a esto y dijo “juntos salvemos la economía de San Martín de la Andes, el gobernador tiene en sus manos los elementos para anular esta operatoria que tiene tantos vicios” .