Continúa el debate en la Legislatura por la reforma en el artículo Nº 114 del Código Procesal Penal, para modificar la prisión preventiva. Distintas organizaciones por los Derechos Humanos se manifestaron en contra del cambio.
Desde mayo el cuerpo de diputados trabaja sobre el proyecto de modificación del Código Procesal Penal en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que ya había entrevistado al Fiscal general de la provincia, José Gerez, que se pronunció a favor de la reforma y argumentó que solo en el 0,36% de los casos se aplica la prisión preventiva. En este caso el cuerpo Legislativo recibió a Nicolás Laino en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Pensamiento Penal (APP), que señaló que la medida es “regresiva, inoportuna e innecesaria”, y que va en contra del derecho internacional público y de Derechos Humanos.
A su entender, la prisión preventiva se equipara a una pena y remarcó que eso apunta a la “neutralización de la persona”. A la vez, advirtió que “están metiendo en la regulación procesal de la prisión preventiva criterios que son sustanciales” y acotó que una reforma como la que se quiere implementar colocaría a la provincia “en una situación de comprometer la responsabilidad internacional del Estado”
La postura se respalda además en evitar la superpoblación en cárceles y penales; mientras que Gonzalo Rua, del Instituto De Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) consideró que “no es el mejor escenario” debatir un proceso de reforma a tan poco tiempo de implementada y se pronunció a favor de reorientar la mirada al seguimiento del Código y a generar una discusión con datos y con la participación de todas las instituciones. “Es sensato pensar en las víctimas pero la reforma de la prisión preventiva no es la solución” aseguró.
Finalmente Federico Egea, de la organización Zainuco, calificó la modificación como inconstitucional, y cuestionó que no se haya analizado la incidencia en materia de derechos. “No pensamos en cómo fomentar políticas de cultura o educación, sino en cómo meter presa gente pobre e inocente” afirmó tras recordar que la finalidad no es que haya más presos sino que se cometan menos delitos.
Las dos iniciativas en discusión para la modificación del código fueron presentadas por el poder Ejecutivo, primero en la gestión de Jorge Sapag y luego por el gobernador Omar Gutiérrez; pero también el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal presentaron proyectos para modificar la prisión preventiva en el marco de una reforma del Código Procesal Penal más integral.
Por este debate, los diputados ya recibieron al vocal del TSJ, Alfredo Elosú Larumbe; al Defensor General, Ricardo Cancela; y al Fiscal General, José Gerez, quienes expusieron sus posturas. El próximo martes se recibirá a representantes del Consejo Provincial del Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación; en tanto que el martes siguiente, se hará lo propio con intendentes y la Asociación de Lucha contra la Impunidad en el siguiente encuentro.
Fuente: legislaturaneuquen.gov.ar